CAMBIOS ACADÉMICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA

Por • 19 jun, 2011 • Sección: Educacion

Luis Fuenmayor Toro

INTRODUCCIÓN

Una universidad se define desde el siglo XIX como aquel espacio donde se producen conocimientos, se utiliza los mismos en la formación de investigadores y profesionales y se difunden hacia la sociedad y el Estado, de manera que puedan ser utilizados en el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de la gente. Al mismo tiempo, se contribuye con el enriquecimiento del acervo cultural de la humanidad. En Venezuela, la aplicación rigurosa de la definición anterior nos lleva a concluir que realmente son pocas las universidades existentes, pues la mayoría ejerce sólo la función docente con muy poco desarrollo de las actividades de investigación científica y de teorización. Esto es consubstancial con la historia de la universidad venezolana, en la cual, hasta 1958, la generación de conocimientos ocupaba un lugar clandestino en la sociedad y, por lo tanto, inexistente en la universidad. De clandestina pasó a legal, a partir de 1958, pero permaneció siendo marginal (Fuenmayor 1986).  

La generación de conocimientos nunca ha sido una preocupación de quienes han dirigido los destinos del país, pues la renta derivada de la explotación del petróleo como combustible fósil ha permitido que los sectores oficial y privado adquieran el conocimiento científico que requieren en el exterior; Venezuela ha sido y sigue siendo un importador de toda la ciencia y tecnología que necesita (Arcaya, 1993). Esta conducta, muy extendida en nuestro liderazgo político, social y académico, ha constituido la traba principal para el crecimiento de la investigación en las universidades, independientemente de quienes se encuentren en el Gobierno: Socialdemócratas, socialcristianos o socialistas del siglo XXI. Esta conclusión nos lleva a afirmar que el principal reto de nuestra universidad es convertirse en verdadera universidad, para lo cual debe superar esa limitación impuesta por buena parte de nuestra dirigencia social económica y política.

IMPULSO DE LA FORMACIÓN DE POSTGRADO

La Ley de Universidades reformada en 1970 (CN, 1970) no se ocupa de los postgrados universitarios, pues su promulgación obedeció a intereses político-partidistas de control de las instituciones, para someterlas a los efectos del clientelismo partidista y lograr el control político de las mismas, algo similar a lo que sucede en la actualidad con el gobierno de Hugo Chávez (AN, 2009, 2010; Fuenmayor, 2009, 2011a). Éste es uno de los aspectos fundamentales que debe ser atendido si se quiere realmente transformar la universidad en una institución académica contemporánea. La creación de nuevos postgrados de calidad, principalmente del nivel de doctorado, constituye un esfuerzo obligatorio de la  universidad venezolana. Para ello, la colaboración con universidades extranjeras, tanto del primer mundo como de los países de la región (Fuenmayor, 1991) es imprescindible.

Dos líneas concretas de acción deben ser desarrolladas en el país: La formación de investigadores y la formación de especialistas, pues las actividades formativas deben privilegiar a las instituciones del país, para producir un crecimiento y desarrollo simultáneo de los postgrados nacionales, sin que esto signifique que no se recurra a los centros de excelencia mundiales, cuando es imposible una formación de calidad en Venezuela. Para evitar los efectos perniciosos de la endogamia académica o profesional, los especialistas, magíster y doctores, deberán periódicamente realizar pasantías cortas en centros extranjeros de  su disciplina, a la vez de disponer en su trabajo diario de todos los mecanismos modernos de comunicación con centros académicos internacionales.

MAESTRÍAS Y DOCTORADOS

Los investigadores se forman en los postgrados académicos, en dos niveles de distinta complejidad: Las maestrías y los doctorados. Esta división depende de las posibilidades institucionales de desarrollar doctorados. Un doctor es, operacionalmente hablando, un científico preparado para realizar investigación original, de alta calidad, sin supervisión. Un «magíster», en cambio, requiere de supervisión. Corregimos con esta última definición un error conceptual que cometimos en un ensayo anterior (Fuenmayor, 2001). El término investigación es utilizado en el sentido más amplio posible, por lo que se extiende también a las humanidades y a las ciencias sociales.

Los investigadores requieren por lo menos dos años de actividades académicas diarias para su formación, la cual debe realizarse a dedicación exclusiva. La duración máxima no debe exceder de tres años para los doctorados y, de haber prórroga, ésta no debe ser mayor de un año. El eje curricular será la labor de investigación o de teorización, que deben iniciarse al mismo tiempo del inicio del postgrado, mientras la escolarización se reducirá al mínimo necesario para la formación de un postgraduado. Los estudiantes de ambos niveles requerirán de un tutor o supervisor, quien debe ser un investigador activo con el grado de doctor preferiblemente. Los estudios concluyen con la defensa de una tesis y por lo menos una publicación original anual en revistas arbitradas de prestigio.

Los estudios de postgrado no son gratuitos según la Constitución Nacional, lo cual no significa que deban pagarlos los cursantes. Es una obligación del Estado la formación de investigadores hasta alcanzar las recomendaciones internacionales para países como el nuestro e, incluso, más allá. Esto significa formar más de 20 mil  investigadores en los próximos diez años, para lo cual el Estado deberá crear los programas de becas y de soporte de los postgrados existentes, de manera de garantizar la dedicación exclusiva de los estudiantes a su formación, la culminación exitosa de los mismos y su incorporación inmediata a la labor académica.

Los cursos de maestría y doctorado que no cumplan con estos requisitos, que en la actualidad son muy numerosos, especialmente en el sector educativo privado (Fuenmayor, 2001), deben ser cerrados o su situación debe ser sincerada, dándoles la clasificación que realmente les corresponda.  

ESPECIALIZACIONES

El especialista es un profesional que profundiza en el estudio y comprensión de un campo cada vez más restringido de una determinada disciplina, lo que lo prepara para resolver problemas más complejos que los que resolvía antes de especializarse. Los conocimientos, destrezas manuales e intelectuales y habilidades, que obtiene en su adiestramiento especializado los utiliza para enfrentar exitosamente dificultades individuales o colectivas (Fuenmayor, 2001). Se trata entonces de alguien preparado para utilizar conocimientos en la solución de problemas y no de una  persona preparada para crear nuevos conocimientos.

Esto no significa que no produzca conocimientos en su ejercicio profesional, de hecho los genera, pero ésta no es su función fundamental, ni fue formado para ello. En su entrenamiento, sin embargo, se deben incluir aspectos básicos de la disciplina del investigador, pues obviamente ayudarán en su mejor desempeño profesional. Mientras el especialista aplica los conocimientos producidos por otros trabajadores intelectuales, el investigador científico produce conocimientos. Esta diferencia debe reflejarse en el diseño de los cursos de especialización.

La creación y ampliación de la oferta de producción de profesionales dependerá de las necesidades del Estado y de los intereses de las universidades, pues estas instituciones tienen necesidades distintas y adicionales a las del Estado. Un gobierno puede no tener entre sus prioridades la formación de especialistas en determinadas áreas de la historia o de la filosofía, por mencionar algunas disciplinas, pero la universidad si puede estar necesitada de las mismas, por lo que esta situación debe tenerse en cuenta.

REESTRUCTURACIÓN DEL PREGRADO

La revisión de los contenidos programáticos y de la duración de los  programas de estudios del pregrado universitario es urgente, a la vez de posible, en virtud de los cambios habidos en los procesos de enseñanza con el desarrollo de nuevas tecnologías, los gigantescos avances de las ciencias y sus aplicaciones en las últimas décadas, el crecimiento de los postgrados en el país y las necesidad de graduar profesionales en el menor tiempo posible. Una gran cantidad de los contenidos curriculares de los programas existentes son repetitivos e innecesarios, mientras en varias carreras algunos contenidos pueden perfectamente pasar a ser abordados en el nivel de postgrado, lo que significa que debe reducir la duración de la mayoría de las licenciaturas y equivalentes, las cuales pueden ser llevadas a cuatro años de estudios sin pérdida de su calidad ni de su pertinencia.

Esta medida puede ser asumida por las universidades dentro de la legislación existente y redundaría favorablemente en los estudiantes en general y particularmente en aquéllos de bajos recursos, que tendrían mayores posibilidades de terminar con éxito sus estudios. Se genera también un incremento en la incorporación de nuevos estudiantes en un 20 por ciento, sin costes adicionales, lo que  favorece al Estado al reducirse los gastos de formación de profesionales. Adicionalmente, la sociedad dispone en menor tiempo de profesionales para servirle.

Los programas de técnico superior pasarían a durar dos años, lo que haría a todo el subsistema educativo universitario más eficiente y con programas de estudios mejor adaptados a las realidades y necesidades del país. La revisión curricular admitiría la incorporación del ejercicio profesional supervisado como condición para la  obtención del grado o título profesional, tal y como desde hace muchos años ocurre con las disciplinas de la salud, en el último año de estudios, prestando en esta forma los estudiantes un extraordinario servicio a la sociedad, pero sobretodo formándose y entrenándose en la práctica social que deberán enfrentar luego como profesionales.    

Este ejercicio profesional supervisado substituiría al trabajo de elaboración de la tesis de licenciatura, que quedaría restringida a los programas de formación académica en ciencias y humanidades, que  forman para la academia: Matemáticos, físicos, químicos, biólogos, filósofos, historiadores, sociólogos y otros. Esta medida, al reducir significativamente el número de estudiantes tesistas, resolvería la imposibilidad actual de atender como es debido a los estudiantes en busca de tutor para su trabajo de tesis. Ayudaría también a una culminación más rápida y menos costosa de la formación de pregrado universitaria.

INGRESO ESTUDIANTIL

Se necesita instrumentar un sistema nacional de ingreso y prosecución que cumpla con el mandato constitucional establecido en el artículo 103, el cual señala que: Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones (ANC, 2000). Por lo tanto, la exclusión educativa universitaria sólo existiría cuando los aspirantes, a pesar de tener aptitudes, vocación y aspiraciones, no ingresen al nivel universitario de estudios. El sistema garantizaría el cumplimiento del mandato constitucional, así como la equidad en el ingreso y prosecución del aspirante y el Estado tendría que garantizar que los aspirantes hayan incorporado todos los necesarios conocimientos previos, para asumir exitosamente sus estudios.        

El sistema debe ser único, lo que significa un solo mecanismo de ingreso para todos los aspirantes en el ámbito nacional. Debe ser oficial, es decir organizado y regido por el Estado, quien es el encargado de garantizar el derecho constitucional descrito en el artículo 103 de la Carta Magna (Fuenmayor, Teruel y Villarroel, 2009). Debe tener carácter nacional, por lo que abarca todo el territorio venezolano, a toda la educación universitaria, oficial y privada, y a todas las instituciones, incluyendo las militares y policiales. Es obligatorio para todos los aspirantes, incluyendo a los llamados aspirantes especiales. Debe ser incluyente, al incorporar a todo aspirante que reúna los requisitos señalados en la Constitución.  Esto sólo será posible si la universidad se esfuerza y aumenta sus plazas, aunque en este aspecto es el gobierno quien debe realizar el esfuerzo principal para aumentar la capacidad del sector de recibir más estudiantes.

El nuevo sistema debe asegurar la calidad, para que los aspirantes que ingresen sean de calidad y, por lo tanto, tengan asegurada su prosecución. Por otra parte, el ingreso de un mayor número de estudiantes no debe significar menoscabo de la calidad de la educación que se imparte, pues la Constitución no establece diferentes tipos de estudiantes, que permita tratar a unos con calidad y a otros sin la misma (Fuenmayor, 2008). El proceso de ingreso debe transparente: Reglas claras y procedimientos conocidos con anticipación. Debe ser auditable en todas sus fases, de manera de potenciar sus fortalezas y corregir debilidades y desviaciones que conspiren contra su credibilidad.

La instrumentación de los mecanismos que se decidan debe ser compartida entre los organismos del Poder Ejecutivo y las universidades, quienes son los brazos ejecutores de las políticas educativas gubernamentales para este nivel. Para ello se puede utilizar el Consejo Nacional de Universidades (CNU) o un nuevo organismo de coordinación que se cree, que supere sus deficiencias, limitaciones y distorsiones, la principal es que sus miembros, tal y como ocurre con los consejos universitarios, son al mismo tiempo jueces y parte en los asuntos de su competencia.    

Es necesario aclarar que la selección estudiantil a ingresar a las universidades está atribuida al Consejo Universitario por la disposición establecida en el numeral 9 del artículo 26 de la Ley de Universidades vigente (CN, 1970), la cual debe ejecutarse según las pautas establecidas por el CNU (numeral 6 del artículo 20 de la misma ley). No se trata, por lo tanto, de una prerrogativa de carácter autonómico, como lo es por ejemplo la selección del personal docente pues, a diferencia de esta última, no está contenida en el artículo 9 de la Ley de Universidades, que expresa claramente cuáles funciones universitarias tienen ese rango. No se puede, por lo tanto, hacer oposición a la aprobación de un sistema nacional de ingreso único como el descrito, señalando que atenta contra la autonomía universitaria. Garantizar la equidad en el ingreso, lo que significaría tratar a todos los aspirantes en la misma forma, es imposible si cada institución mantiene un régimen de admisión particular.  

PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN

La experiencia venezolana de años de vigencia de la actual Ley de Universidades demuestra que no todos los docentes, ni siquiera aquéllos a dedicación exclusiva, están interesados en hacer carrera académica en la universidad, razón por la cual muchos incumplen con sus ascensos, a pesar de ser profesionales muy exitosos en su campo de trabajo en otros sectores de la vida nacional. Esta situación se aprecia con mayor claridad en las escuelas de formación profesional, donde existe el libre ejercicio de la profesión y la posibilidad de contratar con muchos prestadores de servicios (Fuenmayor, 2001). Abogados, ingenieros, médicos, periodistas, arquitectos, bioanalistas, administradores, médicos veterinarios, odontólogos, nutricionistas, son ejemplos de profesiones en las que es posible hacer carrera en empresas estatales y privadas o simplemente en el ejercicio profesional individual.

Otra realidad es que las universidades realizan investigación científica en sólo una parte de los campos del conocimiento donde ejercen la docencia. Tampoco requieren que todos sus profesores sean a dedicación exclusiva (Fuenmayor, 2001), pues la misma es indispensable sólo en el caso de la realización de actividades de producción de conocimientos. Son éstos quienes deben formarse como investigadores, pues requieren de esta formación para su desempeño y disponen además del tiempo institucional necesario para hacerlo, mientras que los docentes a tiempo parcial tienen otras obligaciones con otros empleadores o en su trabajo profesional particular. Estas realidades deben incorporarse en la próxima legislación, a objeto de sincerar la situación y adaptarla a las necesidades, posibilidades y prácticas reales de las instituciones.

Otra dificultad demostrada por la práctica de todos estos años es que la adscripción de los docentes a cátedras, escuelas y facultades, dificulta en forma importante la utilización de los mismos en la docencia en otras escuelas y facultades, independientemente de que el profesor no tenga su carga académica de pregrado completa. Su participación docente en una unidad diferente a la de adscripción es vista siempre como una colaboración y no todo el mundo está dispuesto a colaborar.

Por lo anterior, se propone, se discuta la posibilidad de que todos los profesores estén adscritos, en el caso de la docencia de pregrado, a la universidad y no a facultades o escuelas, para poder utilizar este recurso en cualquier parte de la institución, en la disciplina que le corresponde. El personal de planta, aquél que realiza investigación, sería, además, adscrito a una unidad de investigación, en donde tendría su sede física universitaria. Esta unidad de investigación podría ser parte de una cátedra, un departamento, una escuela o una facultad, según la  organización que se decida instrumentar. Se es profesor de la universidad y se es investigador de la  unidad correspondiente.    

Una proposición que surge de la experiencia de años de funcionamiento del sector universitario nacional es la de dividir a sus profesores en las universidades, politécnicos y pedagógicos, en dos grandes categorías: Personal Académico y Profesionales Docentes (Fuenmayor, 1996; 2001).

PERSONAL ACADÉMICO

Se trata del personal académico de planta de la institución. Son los profesores que se desempeñan a dedicación exclusiva, responsables del permanente y adecuado funcionamiento de las universidades, obligados a realizar todas las actividades académicas y dentro de éstas la de producción de conocimientos, para lo cual deben haber sido formados o deben formarse al inicio de su carrera académica. Están obligados a seguir la carrera académica institucional o carrera del investigador, que establezca la legislación universitaria futura (Fuenmayor, 1996).

Este personal debe ingresar por concurso de oposición público ante jurado calificado. En el caso del ingreso en el nivel inicial de la carrera (instructor en la Ley actual), los miembros del jurado no pueden ser de un nivel inferior al tercer nivel de ésta (profesor agregado en la Ley vigente). Si se trata del ingreso en un nivel superior, los miembros del jurado deberán tener un nivel superior al nivel aspirado por el concursante. El primer nivel el del instructor actual, constituye un período de formación como investigador, por lo que durante este período se deben realizar los estudios de doctorado en universidades reconocidas, nacionales o extranjeras, a dedicación exclusiva y donde la actividad docente que se realice tendrá carácter de formación y entrenamiento. Si el aspirante ha cursado y finalizado exitosamente sus estudios de doctorado en universidades reconocidas, debe ingresar, luego de aprobar el concurso de oposición, en el segundo nivel del futuro escalafón, que corresponde actualmente al de profesor asistente (primer nivel del escalafón según la Ley vigente).

El personal académico tiene la obligación de ascender en el escalafón constituyente de la carrera académica, por lo menos hasta el penúltimo nivel del mismo, el cual corresponde actualmente al de profesor asociado. Es el personal que integraría los jurados académicos de distinto tipo (concursos de oposición, trabajos de grado de licenciaturas, maestrías y doctorados), y serían quienes podrían desempeñarse como tutores académicos o como autoridades   en los distintos organismos de cogobierno e instancias de la institución de carácter administrativo-académico.

La Ley deberá establecer requisitos mínimos de permanencia en cada nivel del escalafón académico y requisitos para el ascenso, de manera de terminar con la estabilidad absoluta de los profesores actualmente existente, la cual actúa en detrimento de la calidad de los docentes-investigadores, pues muchas veces basta con realizar un mínimo esfuerzo, generalmente en el campo de la docencia de pregrado, para pasarse la vida como «profesor universitario».

El personal académico no debería constituir menos del 70 por ciento del total de los docentes de las universidades y debería estar repartido homogéneamente entre todos los programas dictados por la universidad. Podrían establecerse diferencias en esta proporción de acuerdo al tipo de carreras dictadas, con una proporción mayor de personal académico en las facultades de ciencias y humanidades, es decir en aquellas con programas de formación no profesionales.

El nivel más elevado de la carrera académica debería estar reservado para quienes han tenido un desempeño que esté por encima del nivel de la generalidad de los integrantes del personal académico. Es para aquellos profesores con línea de investigación propia, que han creado escuela, que son referencia en sus disciplinas y que constituyen por lo tanto un ejemplo a seguir por la comunidad académica nacional. Estos docentes, una vez alcanzado el máximo nivel (profesor titular en la actual legislación), lo mantendrán durante ocho años por lo menos y, a partir de ese momento, hasta que se jubilen de la institución, lo cual podrá producirse por voluntad del interesado o cuando su productividad merme en forma manifiesta.    

En las instituciones superiores privadas, la ley debería obligar la dedicación exclusiva en por lo menos un 20 por ciento de la planta docente, no directiva, la cual debería estar homogéneamente repartida entre todos los programas académicos. Estos docentes-investigadores estarían adscritos, según su especialidad, a grupos o unidades de investigación de instituciones oficiales vecinas, donde realizarían obligatoriamente labores de investigación durante un día completo de cada semana, lo que redundaría en beneficio del docente, de la enseñanza que imparte y de su institución de origen. La unidad o grupo receptor se beneficiaría al disponer de un personal, adicional al propio, con potencialidades para desempeñarse como investigador. Este tiempo dedicado a estas actividades le sería considerado dentro de su contratación por la institución privada correspondiente. Estos profesores podrán ingresar a la carrera académica y tendrán las mismas prerrogativas y deberes que los académicos de las universidades oficiales.

PROFESIONALES DOCENTES

Se trata de profesionales de alta calificación, con suficientes conocimientos, experiencia de varios años, cuya carrera profesional no se realiza en el sector universitario sino en otros sectores oficiales o privados, pero que se requieren como docentes para completar la formación profesional de estudiantes de pregrado y postgrado, principalmente en aquellas carreras que permiten el ejercicio profesional liberal. Son los médicos adscritos al sistema nacional de salud, cuya carrera es asistencial hospitalaria o ambulatoria; son los abogados que se desempeñan en el Poder Judicial como jueces o en el ministerio público como fiscales; son los arquitectos e ingenieros que siguen su carrera profesional en empresas u organismos del Estado (Fuenmayor, 2001).

Los profesionales docentes serían contratados por un máximo de 10 horas semanales, para la realización de actividades docentes de pregrado y de postgrado, mediante la realización de concursos de credenciales convocados públicamente y no tendrían obligación de realizar otro tipo de labores universitarias. No participan en la elección de las autoridades ejecutivas de la universidad y votan solamente para elegir sus representantes en los organismos de cogobierno a que haya lugar. Dependiendo de su desempeño, su presencia en las instituciones universitarias podría hacerse permanente, por lo que serían clasificados de acuerdo a los años de servicio prestados a la institución. Se crearían categorías de acuerdo con la antigüedad de sus labores, en las que se desempeñarían por un cierto período, para ser promovidos luego a la siguiente categoría, lo que arrastraría consigo un ajuste en los sueldos recibidos.

PROFESORES CONTRATADOS

Los profesionales docentes no deben ser confundidos con los profesores contratados a dedicación exclusiva para la realización de actividades académicas concretas y particulares de la contratación. Estos profesores contratados sólo lo serían para actividades académicas relevantes: Programas especiales de formación de investigadores en áreas de punta del conocimiento, participación en cursos de postgrado en el dictado de asignaturas particulares, creación de unidades de investigación, de postgrados, de laboratorios o de programas profesionales particulares. Estos profesores contratados serán de muy alto nivel de formación, con gran experiencia en sus campos de trabajo y sólo podrán ser contratados hasta por un máximo de cuatro años, sin renovación.

AUXILIARES DOCENTES

De mantenerse esta figura, la nueva Ley debería corregir las graves distorsiones existentes en esta materia, producidas por una equivocada aplicación de la Ley de Universidades vigente, la cual claramente señala que se trata de un personal de carácter transitorio reservado a los mejores cursantes del pregrado universitario. En muchas universidades se dio la situación de mantener al auxiliar laborando, a pesar de haber terminado sus estudios de licenciatura. Se creo así todo un sistema paralelo de docentes sub-pagados, de gran heterogeneidad en sus niveles de formación y requisitos de ingreso, algunos con estudios y títulos de postgrado, para quienes se creo todo un sistema parecido al del escalafón universitario (niveles I a V), pero con sueldos inferiores.  

Esta figura académica se debe reservar para ser desempeñada por estudiantes aventajados de determinadas asignaturas, contratados a tiempo parcial (10 horas semanales), para la realización de actividades docentes de pregrado de ayuda o complementarias a las del profesor: Actividades prácticas, de campo, de consulta, que no substituyen las del docente. Las mismas constituyen una credencial de mérito para el ingreso posterior como personal académico o profesional docente y no podrán ser realizadas por graduados universitarios, lo que significa que son de exclusiva realización por estudiantes y que cesan una vez que el cursante obtiene su grado académico de licenciatura.  

CARRERA ACADÉMICA

La crisis económica venezolana, desencadenada por una manera absurda de gobernar el país, se expresó a partir del 18 de febrero de 1983 (viernes negro) mediante un inflación creciente aún no controlada y la devaluación del signo monetario. Ambas medidas  produjeron un deterioro acentuado de la capacidad adquisitiva de las remuneraciones de los docentes universitarios y de la educación en general, que llevó a una disminución de su calidad de vida y a la ocurrencia de movilizaciones, luchas y huelgas por incrementos salariales, en la segunda mitad de la década de los ochenta. El instrumento jurídico utilizado para respaldar la legalidad de las exigencias profesorales fueron las «Normas de Homologación de Sueldos y Beneficios Adicionales», aprobadas en forma inconsulta por el gobierno Nacional (CNU, 1982), y que inicialmente fueron impugnadas por los profesores y sus dirigentes gremiales ante los tribunales de la República, por considerarlas violatorias de la autonomía universitaria.

Perdidos los juicios legales, los profesores asumieron la aplicación de las Normas de Homologación como una forma de compensar la devaluación del salario, pues las mismas ordenan ajustar los sueldos de los docentes-investigadores universitarios, tomando como criterio el incremento del costo de la vida según el Banco Central de Venezuela en los dos años inmediatos anteriores a la producción del incremento (CNU, 1982). Esto permitió, por lo menos hasta el primer quinquenio de la administración del presidente Chávez, compensar parcialmente el deterioro de los sueldos de los profesores universitarios producidos por la inflación y la devaluación monetaria y reducir sus nefastas consecuencias.

En la actualidad, las remuneraciones de los docentes universitarios se han quedado nuevamente muy rezagadas, al incumplir el gobierno del presidente Chávez de ajustar los sueldos docentes universitarios de acuerdo con lo pautado en las Normas de Homologación, situación que conspira gravemente contra la academia, pues los profesionales capaces egresados del sector no se presentan en los concursos abiertos por las instituciones. Éste es uno de los elementos que se confabula contra la posibilidad de formar la necesaria generación de relevo de profesores investigadores, hecho que pone en peligro la existencia futura de la universidad venezolana.  

La homologación salarial, sin embargo, no fue acompañada de una homologación académica, por lo que si bien los sueldos para un mismo nivel del escalafón y dedicación de un profesor tenían que ser similares en las distintas universidades del país, los requisitos de formación, preparación y desempeño académicos no eran iguales, ni para el ingreso ni para el ascenso en el escalafón académico universitario. A pesar de ser éste un hecho claro, ha sido imposible corregirlo pues las universidades gozan de autonomía en la administración académica de su personal, lo que significa que la homologación salarial ha devenido en una injusticia que iguala salarialmente lo que es diferente académicamente.

Hace falta, por lo tanto, la creación de un sistema nacional de carrera académica, que brinde a los profesores universitarios del sector oficial remuneraciones e incentivos acordes con su preparación, nivel, experiencia y desempeño. Se trata ahora de homologar académicamente al profesor universitario, para hacer equivalentes los niveles del escalafón dentro de las distintas universidades públicas. Se quiere también distinguir a quienes tienen un desempeño particularmente bueno o incluso excepcional, por la vía de otorgar remuneraciones diferenciadas, que respondan a una mayor productividad e importancia de las contribuciones del personal (OPSU, 2001).

Se pretende, de esta manera, estimular el desempeño académico del profesor universitario, en nuestro caso de lo que hemos dado en llamar “personal académico”, que si lo examinamos a través de las estadísticas actuales es bastante deficiente. Así, para comienzos del milenio solamente el 5,6 por ciento de los profesores activos a dedicación exclusiva y tiempo completo había obtenido el grado de doctor, una cifra que realmente deja mucho que desear del desempeño de nuestras universidades. Había, y posiblemente todavía hay, universidades con ningún profesor con el nivel de doctor.

Instrumentar la carrera académica nacional constituirá un elemento vital en la tarea de elevar la calidad de nuestra educación universitaria y nos colocaría en mejores condiciones, para enfrentar el reto de mejorar el nivel educativo de la población venezolana. Sin el cumplimiento de este requisito de formación y preparación de los venezolanos es imposible pensar en independencia y soberanía nacional; serían palabras sin contenido ninguno y se caería en la demagogia más perjudicial si continuáramos engañando al pueblo con la utilización de estas quimeras, sin posibilidades reales de alcanzarlas.

Criterios para su instrumentación

El programa debe tener carácter nacional, lo que significa que se aplicará en todas las instituciones oficiales, pero estará, inicialmente, fuera del control y de la administración de las universidades. Será dirigido solamente al personal académico universitario y no a los profesionales docentes y se aplicará, al principio, sólo a los profesores activos. Quienes aspiren a ser acreditados en el programa deberán demostrar la realización permanente de actividades docentes y los resultados de la actividad de investigación o teorización que realizan. Luego de su aplicación por varios años, podrá ser entregado paulatinamente para su administración por las instituciones universitarias, las cuales entonces deberían tener una composición distinta de su personal académico, con motivo de la aplicación de este programa.

El nivel que se asigne al docente-investigador en la carrera académica no afectará, inicialmente, la posición que tenga en el escalafón en su universidad, pero el profesor recibiría la diferencia entre las dos remuneraciones: la institucional y la determinada por la carrera académica, si éste fuera el caso. Esta diferencia de retribuciones, producto de que las remuneraciones asignadas a los niveles de la carrera académica nacional estarían por encima de las establecidas para niveles equivalentes del escalafón universitario, sería considerada como sueldo mientras el profesor la siga percibiendo, por lo que tendría impacto en las prestaciones sociales del académico, los intereses sobre las prestaciones y en su pensión de jubilación. Si existieran diferencias entre el nivel obtenido por el profesor en la carrera académica y la posición del profesor en el escalafón docente universitario, las instituciones deberían aplicar los correctivos a que haya lugar, para beneficio de la universidad.  

En la carrera académica se ingresa, se permanece, se asciende, se egresa y se reingresa. Esto significa que las posiciones logradas no lo son de por vida, a menos que el esfuerzo académico se siga realizando y el profesor continúe cumpliendo con los requisitos de permanencia en un nivel y de ascenso al nivel inmediatamente superior, cuando fuere pertinente. Para ingresar al sistema de carrera académica, el docente debería haber ingresado en el personal académico universitario por concurso de oposición público, realizado ante un jurado calificado, o a través de un mecanismo de evaluación permanente perfectamente establecido, documentado y aprobado por el ministerio respectivo.

La ubicación debería responder a la antigüedad del candidato como personal académico, a los grados obtenidos en estudios de postgrado, a la productividad demostrada en trabajos de investigación publicados en revistas o libros arbitrados, a la formación de talento (investigadores, especialistas y profesionales de nivel de licenciatura), al reconocimiento que la sociedad le brinde como experto en la materia, a la calidad de sus actividades docentes y a la importancia de sus trabajos extensionistas para la institución, para las comunidades, para los sectores económicos o de servicios y para el país. La carrera académica deberá establecer requisitos de permanencia para cada categoría del escalafón universitario, lapsos mínimos y máximos para la prosecución a la categoría siguiente, requisitos necesarios para tener derecho al ascenso y el cumplimiento de las obligaciones del acto mismo del ascenso.

Ningún docente podrá permanecer más del doble del tiempo máximo para el ascenso en una misma categoría, pues esta situación conllevaría a su salida de la carrera académica por un período similar al cubierto en la última categoría obtenida. Se exceptuaría de esta disposición a la penúltima categoría del escalafón, la correspondiente actualmente a profesor asociado, en la que se podrá permanecer indefinidamente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de permanencia en ésta. A la categoría más elevada sólo podrán acceder, como ya dijimos, los académicos con líneas de investigación precisas, con trabajos publicados de carácter excepcional, líderes de un grupo de investigación y con escuela formada. Para permanecer en este exigente nivel y no regresar al nivel anterior, se deberá mantener una productividad científico-académica elevada, tanto en lo que respecta a la producción de conocimientos como en la formación de especialistas e investigadores.

La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), como parte del Proyecto “Alma Mater” para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación universitaria en Venezuela, instrumentado por esa oficina desde enero 2000 hasta diciembre 2004, presentó un diseño conceptual de la Carrera Académica para las universidades oficiales venezolanas (OPSU, 2001), que coloca su énfasis en el estímulo de la producción intelectual, de manera de garantizar la calidad de las instituciones académicas, que requiere la nación venezolana, si realmente quiere despegar del subdesarrollo. El documento final fue entregado al Ministro de Educación Superior para su instrumentación. De esta entrega hace unos 10 años sin que se haya avanzado más en esta importante materia. A partir de 2005, el gobierno del presidente Chávez, perdió la brújula en el sector educativo superior (García Guadilla, 2006).

Una parte de este ensayo ha sido incluida en un trabajo mucho más amplio, en el que se desarrolla una propuesta para la elaboración de una nueva Ley de Educación Universitaria, que será publicado próximamente (Fuenmayor, 2011b).

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Médico-Cirujano UCV, Ph. D. Universidad de Cambridge, Profesor Titular UCV, PPI III 2006-2009

En: Leonardo Carvajal, Luis Fuenmayor Toro, Tulio Ramírez y Luis Ugalde. “Universidad, Política y Democracia”, Universidad Católica Andrés Bello (editora), primera edición, pp 73- 88, Caracas, 2011

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