¿Qué persigue el gobierno de Maduro?

Por • 19 ago, 2013 • Sección: Nacionales

Luis Fuenmayor Toro

Responder la interrogante anterior debería ser particularmente fácil, entre otras cosas porque todos los gobiernos quieren mantenerse en el poder. Sin embargo, para algunos equipos gubernamentales este deseo puede llegar a ser de tal magnitud, que se esté dispuesto a ejercer cualquier acción y a actuar por cualquier medio en la obtención de esa aspiración. En el caso venezolano, tanto la oposición de la MUD como el PSUV y sus aliados están interesados, además, en el poder por el poder mismo y no en función del desarrollo nacional ni del mejoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos. Estos dos elementos son sólo para la demagogia, la manipulación y la propaganda, esta última de carácter electoral, pues ha sido a través de esta vía que se han producido los cambios de gobierno en Venezuela en los últimos 55 años. La proximidad de una contienda electoral nacional, la ausencia del jefe de la revolución bolivariana, las contradicciones en el liderazgo gubernamental, la crisis económica y la pérdida de apoyo popular del gobierno, son elementos nuevos que pueden hacer cambiar las cosas radicalmente.

 No es fácil saber entonces lo que el gobierno se trae entre manos con el cuento de la lucha contra la corrupción, pues la denominación utilizada puede no tener nada que ver con lo que realmente interesa hacer. El primer interrogante es si se trata de un elemento más de la campaña electoral en curso, en la cual ya existen dos componentes que vienen siendo desplegados prácticamente desde la victoria de Maduro en abril pasado. “Gobierno de calle” y “patria segura” eran, hasta este momento, los elementos centrales de la campaña electoral gubernamental de cara a los comicios de alcaldes y concejales. Pudiera pensarse entonces que, dadas las evidencias existentes de una posible derrota en diciembre, evento catastrófico para el gobierno, se ha decidido añadir, a los dos existentes, un nuevo elemento que permita hacer demagogia en forma mucho más efectiva, amedrentando a las fuerzas opositoras, denigrando ética y moralmente de sus integrantes, sembrando divisiones y dudas y quitando del camino a quienes se consideren escollos reales y peligrosos.

Pero para utilizar electoralmente la lucha contra la corrupción y el castigo de la misma, es imprescindible que las acciones ejemplarizantes sean dirigidas a la erradicación del flagelo en el seno del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales en manos del chavecismo, que constituyen la inmensa mayoría de las posiciones de poder y de manejo presupuestario del Estado. Es allí, sobre todo en el gobierno central, donde la población sabe de la existencia de robos descarados, comisiones, peajes y demás negociados y donde estos delitos se vuelven contra el funcionamiento gubernamental, interfiriendo con el cumplimiento de las agendas dirigidas a los sectores más pobres de la población. Es en este nivel, el de los poderes nacionales y de las empresas, corporaciones, fundaciones y servicios autónomos, donde se administra la mayor parte de la riqueza del país y, por lo tanto, donde se producen los hechos de corrupción más grandes, descarados y lesivos al patrimonio de los venezolanos. Buscar a los corruptos en otros sitios, independientemente de que con seguridad los hay, es una simple manipulación politiquera. 

Una acción efectiva en este ámbito, daría una contundente evidencia que se está decidido a proteger los recursos de los venezolanos y a evitar que unos delincuentes continúen administrándolos y malversándolos. Estas acciones liberarían además importantes cantidades de dinero, que podrían entonces utilizarse en reducir el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos más pobres, mejorar notablemente los servicios en las ciudades y hasta invertir en obras de infraestructura vitales para el crecimiento económico del país. Imaginemos lo que se hubiera podido hacer con los 25 mil millones de dólares entregados por funcionarios negligentes y corruptos a empresas fantasmas a través del desaparecido SITME. Ni que hablar de los fondos gubernamentales, donde se dan las mayores “cajas negras” de la historia venezolana: FONDEN, con más de cien mil millones de dólares, el fondo chino, los millonarios depósitos actuales en el exterior, según el Banco Central de Venezuela. Sería visto por los votantes como un esfuerzo sincero para acabar con estas situaciones maliciosas.

Se añadiría así otra reivindicación dirigida a los votantes de los sectores menos pudientes, hacia quienes se dirigen también preferentemente los otros dos programas ya existentes. Si en cambio, la lucha contra la corrupción se dirige preferente o únicamente contra líderes de la oposición, como se ha comenzado a instrumentar con Leopoldo López, Richard Mardo, Héctor Falcón, Ismael García y otros por el estilo, con la mira puesta en Capriles Radonski, con excepción de los fanáticos nadie va a creer que se trata realmente de un programa sincero de lucha contra la corrupción, sino que será visto como acciones de retaliación política contra la oposición de la MUD y más específicamente contra Primero Justicia, el partido más grande de la oposición restauradora (MUD), más beligerantemente opositor y además del candidato a Presidente que casi le gana a Maduro. La gente no es tonta y sabe que la gran corrupción sólo puede ocurrir donde existen suficientes cantidades de riquezas, lo que ocurre, como ya lo dijimos, en el nivel del gobierno nacional.

Si a lo anterior añadimos las acusaciones recientes, que tratan de presentar a la gobernación de Miranda como un antro de manejo del narcotráfico, de la prostitución y de los ballet rosados con damas y con homosexuales, es decir la sede del hamponato y de la desvergüenza venezolanos, hasta ahora actuando escondidamente de la inteligencia cubana y de nuestros cuerpos de seguridad, tendremos un escenario que se comienza a percibir ya no como campaña electoral, a pesar del daño político que pueda producirles a los directamente señalados como delincuentes e inmorales, sino como una criminalización de la actividad política opositora. Una suerte de locura ante la evidencia de una derrota electoral inevitable, que lleva al gobierno a querer desaparecer a sus opositores, pues no acepta la existencia de la oposición democrática y está dispuesto a aplastar toda crítica o disconformidad en su contra. Ya no se trata sólo de amenazar para atemorizar y paralizar, sino de procurar la eliminación de quienes hacen oposición.

La situación se enrarece aún más, cuando oímos de la necesidad de declarar un “estado de excepción” para el combate de la corrupción, con poderes especiales para el Presidente o incluso dejar en manos de las comunas la instrumentación de los juicios penales contra los corruptos, ya en este momento sinónimos de opositores políticos del gobierno. No sé hasta dónde se quiere llegar con estas últimas decisiones. En el pasado, el gobierno se ha comportado con la misma gravedad del caso actual en campañas de denuncia de desestabilizaciones, golpes de estado y magnicidios, en muchas ocasiones, que luego desaparecen totalmente, como por arte de magia, una vez finalizado el proceso electoral. No se puede descartar que la actual sea una conducta parecida, ahora utilizando otro tema, que simplemente busca ganar votos y que la oposición los pierda. Pero repito, si se trata de ganar votos, el gobierno tendría que enjuiciar sus corruptos, mucho más numerosos y de mayor nivel de enriquecimiento que los igualmente existentes en la oposición de la MUD.

Sin ser alarmistas, la conducta que acusa de golpistas a todo aquél que haga oposición tiene como posibilidad la de actuar en consecuencia para “proteger” el estado de derecho y la democracia amenazada. Es una posibilidad que no ha sido utilizada por el gobierno, pues ha triunfado en los enfrentamientos electorales. La duda sobre qué haría el gobierno en caso de perder las elecciones o de saber que las va a perder, permanece sin respuesta pues el caso hipotético no se ha dado. En esta ocasión se está más cerca de esa posibilidad que en los 14 años transcurridos; debe considerarse entonces la posibilidad, independientemente de su probabilidad, de que el gobierno esté dispuesto a asumir un camino distinto al recorrido hasta ahora y a tomar el camino de la dictadura o de una democracia autoritaria, que implicaría un cambio radical en la vida de los venezolanos y una violación de la Constitución de 1999.

La Razón, pp A-6, 18-8-2013, Caracas

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