Aún estamos a tiempo

Por • 9 ene, 2011 • Sección: Nacionales

Gerónimo Pérez Rescaniere

Está  caminando una conspiración para robarle a Venezuela hasta 40.000 millones de dólares a través de demandas interpuestas en tribunales extranjeros. La primera será por los llamados Bonos de Bandagro y monta a 8.000 millones de dólares. Según prensa internacional ya el tribunal yankee dictaminó contra Venezuela y durante enero de 2011 se introducirán las demandas letales. Como se demanda por el doble del valor, esos 20.000 millones se convertirán en 40.000

     Una de las apoyaturas de tan tremendo ataque a Venezuela viene de una decisión del Tribunal Supremo venezolano que en un boletín explica que “El Estado es absolutamente soberano, por lo que no puede someterse a tribunales extranjeros en tanto no exista una manifestación válida, expresa e inequívoca para dirimir sus conflictos en órganos jurisdiccionales extranjeros”. O sea, Venezuela es independiente en tanto no haga una manifestación “válida, expresa e inequívoca” de renunciar a la independencia.  Porque de independencia se trata. La independencia es sobre todo económica, es minas en medida muy grande, como mostró Simón Bolívar al legislar en Quito en 1829, la reserva al Estado de las riquezas del subsuelo de las repúblicas independizadas. De minas y economía se trata. En el dicho comunicado, el Tribunal Supremo respondía sin nombrarlos a Luis Britto García y Fermín Toro Jiménez que habían demandado contra una interpretación que en los hechos apoyaba  el sometimiento a juicio de contratos venezolanos en tribunales extranjeros. ¿A quién considerará capacitado el Tribunal Supremo para hacer “una manifestación válida, expresa e inequívoca para dirimir sus conflictos en órganos jurisdiccionales extranjeros”? ¿Quién se manifestó así? ¿Luis Giusti? ¿Rafael Caldera? ¿Carlos Andrés Pérez? ¿Los firmantes de los compromisos Badagro?

      La Constitución venezolana establece en el artículo 151: “…En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras”. Aquí también está una coletilla negadora. Lo de “Si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos” es un plomo en el ala puesto al contenido central del artículo. Lo vuelve ñoña. ¿El cuerpo legislativo que hizo esa Constitución es aquel donde estaban Jorge Olavarría, Brewer Carías y Escarrá, el gordo? ¿Puede seguir vigente en la Venezuela independizada de hoy?

     Luis Britto García ha hecho uso, varias veces, del poder de vocería del intelectual para salvar a la revolución venezolana de precipicios hacia los que se dirigía. Lo hizo con una legislación que propiciaba la privatización del agua, ahora señala que avanzamos hacia una hecatombe legal a causa de decisiones de tribunales norteamericanos sobre contratos venezolanos.

     ¿Porqué colocamos en manos extranjeras, norteamericanas para el caso, juicios donde se dirime la riqueza venezolana? Al parecer por acatar cláusulas de la CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones), que Francisco Sierra Corrales describe en artículo reciente, como Tribunal arbitral expresivo de la mundialización neoliberal, que pretendió desplazar a los tribunales existentes tanto internacionales como nacionales. Fue lógico que en el peor momento de la historia de la humanidad, creado el mundo unipolar, se tratara de inhabilitar los tribunales nacionales, ello afina con cosas como los certificados de buena conducta o mala conducta que emitía  el Departamento de Estado, en tema de combate al narcotráfico, respeto a los Derechos humanos, etc. Empezó a emitirlos apenas globalizó y creo que se ha dejado de eso encargándole el trabajo a una Comisión de Derechos Humanos de la OEA a la que Venezuela le ha suspendido el trato hasta que pida excusas por haber entrado en idems con Carmona pero que está coleccionando documentos contra Venezuela, valida de que también cometemos la burrada de pertenecer a la respectiva asociación cipaya de Derechos humanos. (En secreto: hasta Thor Halvorseen tiene una asociación de defensa de Derechos humanos, véalo en internet)

     Los derechos humanos son una moneda, puede olvidárselos si un país se baja con  petróleo y eso no es nuevo, ya Walter Raleigh en los tiempos del oro dorado escribía la conveniencia para Inglaterra de denunciar las atrocidades de los españoles en América para crear espíritu favorable a los británicos, y César González, embajador de Pérez Jiménez en Washington, me contaba que a él le tocaba engrasar a los senadores norteamericanos para que los reclamos de democracia del Departamento de Estado, siempre vinculado Rómulo Betancourt (el Departamento de Defensa era el que apoyaba las dictaduras)  se murieran en las oficinas del Capitolio federal de allá.

     Todo sistema implica unos deberes y unos derechos, pertenecer a la CIADI debe implicar algunas ventajas, pero todo indica que el precio de abandonarla sería bajísimo en comparación con la colocación de Venezuela bajo jurisdicción legal de países extranjeros. 232 casos han sido sometidos a la CIADI y 230 fueron decididos a favor de las transnacionales.

     Además, la urgencia de garantizar las inversiones  -motivo de adscripción a la CIADI- nunca rigió para Venezuela, ni en los momentos de plenitud aplastante de la globalización,  porque de un país con petróleo las inversiones jamás se irán, ni con Saddam Hussein se fueron de iraq, ni se han ido del Irán de Amenineyah. El petróleo es la fuente de energía más barata conocida en el planeta, no tiene competencia.

      ¿Porqué ahora que la unipolaridad se quebró, por acción importante venezolana entre otras, debemos seguir sometidos a una organización que ya Ecuador y Bolivia denunciaron? Britto solicita en su artículo que el presidente Chávez utilice la ley habilitante para dictar una legislación que anule las demandas que pronto introducirán los abogados de los bonos Bandagro para golpear a Venezuela. Hay que hacerlo ya, aún estamos a   tiempo. 

http://www.aporrea.org/contraloria/a115245.html

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