Ciencia y academia en Venezuela (I)

Por • 8 ago, 2012 • Sección: Nacionales

Luis Fuenmayor Toro

Nuestro desarrollo científico es escaso y también marginal a la vida diaria y a las necesidades del país, aparte de ser insignificante en relación al acervo cultural universal. Ello a pesar del brío y de la producción de los pocos grupos académicos de elevado nivel existentes y con propuestas concretas, para mejorar las condiciones de la nación y enfrentar los problemas de la humanidad. En sus inicios, el presidente Chávez dio pasos importantes, aunque insuficientes, en el impulso de las ciencias y la tecnología, cuyo impacto no se detectará por el retroceso habido en el sector en los años posteriores de gestión. A pesar de las realizaciones iniciales, exigidas por la propia comunidad científica, la visión altamente prejuiciada de las fuerzas de oposición las ignoró, con una falta de objetividad que les reduce hoy autoridad a sus críticas sobre el sector. 

La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la promulgación de la ley correspondiente en 2005, la inclusión en ésta de la obligación de las grandes empresas de invertir en desarrollo científico y tecnológico en el país, la creación del Observatorio Nacional del sector, el crecimiento del Programa de Promoción del Investigador y los proyectos ejecutados desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario, son claras acciones positivas, que aumentaron las fuentes y los montos de financiamiento e hicieron coherentes las acciones de planificación y supervisión del Gobierno. Para 2008, el porcentaje del PIB para investigación científica y tecnológica superó el 2 por ciento y se inició un proceso de inversión empresarial en Venezuela dirigido al desarrollo de las ciencias y las tecnologías nacionales. 

Este “compre venezolano” en ciencia y tecnología fue muy adversado por Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa que compra en el exterior todo lo que necesita en la materia. Mientras nuestro desarrollo científico no arranca, la petrolera estatal hace florecer los laboratorios de los países imperiales, supuestamente enemigos. El SENIAT, por su parte, insistía en considerar los recursos empresariales dirigidos obligatoriamente a la inversión científica, como impuestos a estar bajo su administración. Estas posiciones, enfrentadas inicialmente por el equipo ministerial del sector, terminan por doblegar a un equipo ministerial posterior, ajeno a las ciencias, y a unos diputados, más ajenos todavía, quienes modifican la ley y dan a las inversiones empresariales obligatorias el carácter de impuesto parafiscal, con el cual se financiaría la creciente burocracia del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Adicionalmente, se reduce 4 veces la obligación financiera de PDVSA con la investigación científica y tecnológica nacional, al disminuirse la misma de 2 a 0,5 por ciento de sus ingresos brutos. Se pasa a financiar, con los recursos generados por estas inversiones empresariales obligatorias, una serie de programas totalmente ajenos al área científica y tecnológica de la nación, no se asume en absoluto la ejecución de los programas básicos para el crecimiento científico, entre ellos el de formación del número de investigadores que se requiere, y se termina por yugular la única posibilidad real de crecimiento del sector planteada en los últimos 50 años, lo que condena a Venezuela al subdesarrollo, a la dependencia y a la insatisfacción de sus necesidades.

Las universidades, por su parte, no generan tampoco muchas esperanzas, ni las instituciones autónomas ni mucho menos las experimentales. Internamente, no tienen fuerzas para superar el deterioro en que se encuentran, presas del facilismo extremo, de la distorsión de sus valores y de la corrupción. Las universidades autónomas han caído en las manos de unas mafias contrarias a la academia, que se imponen mediante la compra de votos y de conciencias, cuando no de la amenaza, para usurpar las posiciones de dirección, ante la actitud complaciente de una parte del país, la confusión y parálisis de docentes y estudiantes y la aparente indiferencia del gobierno nacional, lo que imposibilita la recuperación de las condiciones académicas y del respeto inherente al sector. 

Se requeriría de la ayuda gubernamental, no como intervención dirigida a controlar las instituciones, sino como impulso y soporte de los valores académicos y universitarios sobrevivientes, para iniciar un proceso sostenible de recuperación. Pero ello demanda de una comprensión que no parece existir hasta ahora en el más alto nivel del régimen. Así, en las casas de estudio controladas por el Gobierno, las conductas académicas han sido substituidas por actitudes malsanas, que se justifican sobre la supuesta existencia de un “nuevo paradigma revolucionario”. La inobservancia de los requisitos académicos, considerados propios del “orden burgués”; el facilismo, el clientelismo, la demagogia, la corrupción y el lenguaje socialistoide, se apropiaron de la vida de estas instituciones y las enajenaron como centros del conocimiento.  

Al Gobierno, como ocurría en el pasado, parece interesarle la pudrición universitaria nacional. Baste decir que los instrumentos electorales ejecutados y las sentencias judiciales subsiguientes garantizan la permanencia indefinida de las autoridades actuales, así como la derrota del sector oficial en las futuras elecciones. Las leyes promulgadas y las acciones gubernamentales han sido dirigidas a desfigurar la composición de la comunidad universitaria, hasta incluso hacerla desaparecer como ente especializado y diferenciado de la comunidad de ciudadanos. Se impide los cambios académicos, se desvirtúa la autonomía, se mantiene la centralización de las funciones en los consejos universitarios, se agrede permanentemente a las instituciones y se las continúa sometiendo a una escasez financiera desgastante y a una muerte lenta por ausencia del relevo generacional académico.

Se trata de una realidad idéntica a la promovida en los gobiernos de Luis Herrera, Jaime Lusinchi y de Carlos Andrés Pérez II. Nada nos hace ser optimistas sobre el futuro. Denunciar es lo que nos queda, pero el auditorio polarizado nacional oye muy poco.

La Razón, pp A-6, 5-8-2012, Caracas

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