Consumatum est: ¿quo vadis Chávez?

Por • 25 feb, 2013 • Sección: Nacionales

Viriato

Contrariamente a lo que algunos piensan, creo que el examen y la discusión de la devaluación cambiaria del 8 de febrero están lejos de agotarse y creo, además, que era evitable aún cuando tal medida fuese necesaria, formulación aparentemente contradictoria, pero que sustancialmente no lo es. Aunque un Ajuste Cambiario es una medida estrictamente técnica, en su significado económico no representa un Programa de Ajuste diseñado bajo premisas neo-liberales. La crítica de la derecha venezolana que identifica el Ajuste Cambiario con un Programa de Ajuste tiene solamente un valor agitativo bastardo que no merece comentarios, dados los propósitos de estas observaciones Sin embargo, la explicación de la decisión de modificar el tipo de cambio y la institucionalidad que regía la mecánica de CADIVI y del SITME no se agota en una justificación técnica, debiendo ser analizadas sus premisas económicas y políticas junto con las correspondientes consecuencias de la misma índole, en el mediano y largo plazo. Como se verá, estas medidas plantean inquietantes incógnitas respecto del curso del proceso bolivariano.

De partida, puede formularse como hipótesis de trabajo que dicha medida refleja un compromiso entre orientaciones políticas y económicas diferentes. En esta perspectiva, que los anuncios hechos desde la segunda mitad del año 2012, acerca de que el Gobierno no iba a devaluar podrían revelar -menos que el uso de la reconocida táctica manipuladora de negar medidas que sí se van a tomar- distintas apreciaciones entre personalidades y grupos de la alta dirigencia económica del Gobierno. Así, la devaluación del tipo de cambio podría considerarse como el resultado de una óptica conservadora, compensado con la decisión de aplicar un conjunto de medidas tendentes a controlar con mayor rigor los flujos de divisas en su distribución hacia los agentes económicos. Las ventajas proporcionadas a los productores orientados a la exportación dentro del MERCOSUR podrían verse solamente como efectos colaterales del Ajuste Cambiario y no como objetivos prioritarios expresos, toda vez que no se anuncian programas consistentes y de gran alcance para su estímulo. Es evidente que una política seria de promoción de exportaciones debe considerar algo más que una devaluación del tipo de cambio.

Ahora bien, si se toman en cuenta las atribuciones asignadas al Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario, la integración de sistemas de información y coordinación entre el Ministerio de Planificación y Finanzas, el Banco Central y el SENIAT, para el control y evaluación de los flujos de divisas y de las importaciones, se está en presencia de un mecanismo gubernamental de enorme importancia estratégica para una conducción que se plantee la tarea de avanzar en la construcción de una economía post capitalista. Digo ‘post capitalista’, entendiendo como tal un régimen económico donde existe el predominio del control social sobre el proceso de valorización del capital privado, a partir de la cual recién podría iniciarse una real transición al socialismo. En todo caso, las medidas anunciadas el 8-F constituyen un fracaso rotundo de la política de control cambiario que regía hasta el momento y, con ello, el del cierre del flujo ilegal de capital hacia el exterior. Lo que no ha sido reconocido por la cúpula económica directiva, aún cuando sí se reconoce el defectuoso mecanismo gubernamental de seguimiento y control final de la asignación de dólares

La hipótesis de trabajo también presupone que las nuevas medidas cambiarias se han diseñado dentro de un contexto político en el cual la alta dirección del proceso bolivariano ha prefirido mantener la continuidad económica y no profundizar los procesos de cambio. La justificación del Ministro Giordani el 15 de febrero de que las medidas cambiarias tienen el objetivo de ‘mantener’ los triunfos sociales logrados en Venezuela preservando la participación y acceso de los sectores populares amplios a la renta petrolera, indican claramente tal intencionalidad. Se trata de mantener y no de profundizar.

A todas luces, para la alta dirección económica las medidas enunciadas tienen costos de corto plazo que parecen menores que sus beneficios en el mediano plazo. Está fuera de duda que ellas afectarán drásticamente el salario básico de los trabajadores, los ingresos fijos y los ahorros de importantes sectores sociales medios. A la disminución nominal del valor de los ingresos medidos en dólares se unirá el aumento real en bolívares de los precios de los bienes de consumo final e intermedios, lo que presionará al alza la tasa de inflación en los próximos meses, hasta cuando el aparato económico haya absorbido los incrementos de costo. Además, disminuirá el valor de las deudas históricas contraídas con importantes sectores sociales, el del capital de la pequeña y mediana burguesía productora y de servicios, y el del ahorro de estos últimos, en el que se ubican las denominadas ‘clases medias’. Está por verse en el futuro, en qué medida tales efectos podrán ser compensados por el incremento oficial de los sueldos y salarios.

En cambio, el Fisco Nacional verá aumentar el valor en bolívares por cada dólar recibido y gastado en la economía interna, ya que es el que percibe el 95% de las divisas generadas por la exportación estatal del petróleo, beneficiándose, además, los sectores productivos que se orienten al mercado externo. También se ubica en el grupo de los probables beneficiarios, un reducido segmento oligopólico de grandes empresas al que, en teoría, las medidas cambiarias abaratarán sus costos de producción en bolívares por unidad de capital invertido en dólares, para una tasa de ganancia constante en bolívares, y en tanto el aumento de costos en bolívares se compensará con la elevación de los precios de venta, aún cuando para otros sectores de este segmento la devaluación genere pérdidas.

De ninguna manera parece convincente la explicación de las nuevas medidas como un puro resultado de las necesidades fiscales del Gobierno, puesto que el efecto económico inmediato, caída del salario real y de los ingresos de los sectores medios aún cuando se adopten medidas compensatorias, erosiona la base social de apoyo del Proyecto Bolivariano y tiene costos políticos considerables. En sí, un déficit fiscal no necesariamente puede financiarse mediante devaluaciones. El aumento de la tasa de inflación en el corto plazo puede o no afectar la tasa inflacionaria anual pero, en todo caso, su impacto en la alteración de los precios relativos, en la capitalización de las empresas pequeñas y medianas, generará fuertes desajustes económicos en detrimento de la viabilidad de éstas. Por lo demás, a nivel fiscal la experiencia indica que las devaluaciones no resuelven en definitiva el problema de un déficit coyuntural en las cuentas si no se enfrentan los problemas reales que lo origina.

En este punto surge la incógnita acerca del tipo de situación económica que ha generado la necesidad de estas medidas y en qué grado ellas se explican dentro de una situación de coyuntura. Cuestiones a las que el gobierno económico ha respondido argumentando la gravedad de la especulación cambiaria visible en el alza del dólar en el mercado paralelo ilegal en los últimos meses, el desabastecimiento de productos y el alza de precios desmedida con efectos en la tasa de inflación del mes de enero. Dicho mercado surge por la demanda insatisfecha de divisas y en parte por el reciclaje de dólares oficiales conseguidos obtenidos de modo ilegal, y si es cierto que constituye un mecanismo estimulante del alza de precios en el corto plazo, no explica la decisión de un Ajuste Cambiario. El argumento de una especulación desmedida, no constituye una explicación a una situación de mercado -legal o ilegal, es un ‘mercado’ y en éstos la especulación es intrínseca- en la que se presenta un exceso de demanda de dólares respecto de su oferta, toda vez que tal situación solo es resultado de procesos más profundos. Por lo demás, los empresarios industriales habían advertido claramente a comienzos de la segunda mitad del año 2012 una demora excesiva en el suministro de divisas por CADIVI y el aumento de la demanda de bienes por el probable incremento de la liquidez de fines de año.

La asignación de responsabilidad a la sobrefacturación por la especulación explica en general la existencia de ese mercado ilegal de divisas, en tanto ella implica presiones sobre su stock, pero no su comportamiento coyuntural. Por lo demás, la sobrefacturación es un mecanismo común utilizado por las transnacionales para elevar su tasa de ganancia ampliamente conocido en la literatura económica desde hace decenios en América Latina y que ha afectado a todas las economías de la región. Que tal factor o mecanismo no haya sido considerado en sus efectos hasta el momento por la autoridad económica, indica altos niveles de ‘ingenuidad’ en los diseñadores de políticas cambiarias. Y que sea utilizado como argumento por la autoridad política para explicar las recientes medidas de devaluación apela más bien a la ingenuidad de los que sufren los efectos de tales medidas. Como lo ha señalado un articulista de Aporrea (Norberto Bacher): “Es decir, que, por una u otra razón, hubo decisión política de tolerar ese manejo marginal del dólar especulativo, sin afinar los órganos de control ni avanzar radicalmente contra la sobrefacturación por tres años, hasta que la magnitud que cobraron las maniobras se convirtió en una amenaza para las variables macroeconómicas, en particular la inflación”.

Si se acepta la argumentación justificadora oficial sobre la responsabilidad de las transnacionales que operan en la economía, se obvia el hecho de que el margen especulativo de éstas en ese mercado es limitado, puesto que la sobrefacturación se refleja más en las remisiones de ganancias permitidas por CADIVI. Las ganancias en bolívares en el mercado interno tienen que convertirse en dólares oficiales asignados por la entidad que controla las transacciones oficiales con el exterior. Pues bien, esta remisión de ganancias precisamente queda afectada por una devaluación y de hecho se sabe que algunas transnacionales tienen retenidas una considerable cantidad de dólares, las que se verán afectadas con pérdidas importantes.

La información proporcionada por Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional el 19/023/2013, de que el Estado habría asignado 26.000 millones de dólares en bonos transables en dólares para importaciones que no fueron reales confirma las sospechas apuntadas por algunos comentaristas (J. Didier Fernández, Aporrea, 13/02/2013). Surge así una explicación más razonable: las medidas de Ajuste Cambiario fueron tomadas apresuradamente en respuesta a una situación de coyuntura sorpresiva de enorme gravedad. Si se considera que el nivel de las reservas al cierre de diciembre del 2012 eran de 26.157 millones de dólares, una salida fraudulenta de capital permitida por el sistema de control cambiario equivalente a la totalidad de las reservas, evidentemente generaba una situación insostenible. El problema es determinar por qué una situación sorpresiva y una percepción de carácter coyuntural, llevaron a una apresurada modificación de la tasa cambiaria y no a considerar sin una evaluación global de la política económica de los últimos años. En otros términos, lo insólito es por qué un escape ilegal de capital de esa magnitud no fue detectado a tiempo y se ofrece como explicación solamente que el organismo que lo permitió, el SITME, era ‘perverso’ en su nacimiento. Debe señalarse que el monto de esta verdadera estafa contra la Nación alcanza una cifra superior a las pérdidas generadas por la huelga petrolera propiciada por la Oposición al gobierno bolivariano en el 2002.

La información económica existente a mediados del año 2012 ya señalaba la existencia de una evasión significativa de capitales hacia el exterior, permitida por el régimen de control cambiario:

“Claramente, dados los superávits de Venezuela en la balanza comercial y en cuenta corriente, el nivel de reservas del banco central debería ser más alto y debería haber crecido a un mayor ritmo. Sin embargo, durante el último año [2011], la mayor parte, si no es que el total del superávit en cuenta corriente, fue transferido al exterior. Parte de esta pérdida de reservas se dio como resultado de una fuga de capital, aunque resulta imposible determinar las cantidades exactas” (Weisbrot y Jonston, CEPR).

Pues bien, ya sabemos cuál era la real magnitud de tal evasión, pero también sabemos que ella afectaba las reservas de la economía venezolana desde el 2010. Más aún, tal informe apuntaba a que una devaluación no era necesaria, excepto si el gobierno decidía implementar una política de largo plazo que fomentara las exportaciones no petroleras. Obviamente, podemos argumentar que una estrategia exportadora de esta naturaleza no necesariamente puede diseñarse sobre la base de una rebaja general de sueldos y salarios, rasgo central de estrategias de carácter neoliberal para las cuales la competitividad en el mercado internacional se basa en la ventaja comparativa de los costos salariales bajos. Argumentación que probablemente los autores del informe compartirían.

El informe avanzaba además algunas recomendaciones que conviene citar: “En el futuro previsible, la fuga de capitales no amenaza con causar una crisis de la balanza de pagos, dado que el país aún cuenta con un nivel más que adecuado de reservas internacionales. Sin embargo, sería ventajoso para Venezuela, por varias razones, que el gobierno pudiera reducir la cantidad de recursos que salen del país. Esto podría llevarse a cabo parcialmente a través de controles cambiarios más efectivos. Existen muchos países que tienen controles de capital más efectivos que los de Venezuela”. El tono ponderado de la recomendación de reformas a los sistemas de control se reitera cuando el informe sostiene que. “Con el transcurso del tiempo, sería ventajoso si Venezuela pudiera desarrollar un régimen de divisas que redujera marcadamente, o incluso eliminara, la especulación en contra de la moneda, así como el mercado paralelo de divisas. Esto no debería ser difícil de lograr en una país en donde casi todos los ingresos en moneda extranjera son percibidos por el sector público, y en el que la economía casi siempre cuenta con un superávit en cuenta corriente. Esto corresponde primordialmente a una cuestión de capacidad administrativa y a la de elegir el régimen de divisas más adecuado”.

Vistas en perspectiva tales consideraciones, habría que concluir que la insostenibilidad de la situación cambiaria no sólo se debió a una incapacidad administrativa, que ha quedado demostrada, y a la ausencia de capacidad para diseñar un adecuado régimen cambiario, sino que además a la incapacidad de la cúpula económica directiva para prever la evolución de ciertas variables económicas en el mediano plazo y para considerar recomendaciones de análisis económicos serios.

Sin embargo, estos aspectos que caracterizan burocráticamente a la alta cúpula económica del chavismo, parecen consistentes con presupuestos que guían una política económica ‘real’, que puede considerarse como una ‘política de gestión’ de aparatos que no asume las necesarias rupturas que supone una ‘política de poder’, con objetivos de transformación de organizaciones hacia un horizonte socialista. De otra manera, es inexplicable que no se hayan tomado las decisiones tendentes a modificar el régimen de cambios, para enfrentar una huida de capitales de tal magnitud que terminaría por afectar el nivel de reservas, con la consiguiente posibilidad de una crisis de balanza de pagos, sin la existencia de una caída abrupta de los precios internacionales del petróleo. El que esa huída de capitales no se refleje aún en el nivel de las reservas podría deberse a las restricciones que CADIVI impuso a fines del año 2012 al cumplimiento de las asignaciones de divisas.

En esta dirección más amplia del problema pueden vincularse algunos comentarios posteriores a las elecciones presidenciales del 7 de octubre, referidos al inmediatismo pragmático de la ‘burocracia política’ y al ‘agotamiento de la clase política chavista’ (R. Iturriza L., Aporrea, 20/10/2012) y a la necesidad de “identificar y caracterizar con precisión si los cuadros políticos de la alta dirección de la revolución están comprometidos rigurosamente con una revolución que no puede desdecir ideas-fuerzas como las de ‘socialismo’…’superación del rentismo’… y la misma idea de ‘revolución’ ” (J Biardeau, Aporrea, 20/10/2012).

Tales comentarios, que cuestionaban a las direcciones ‘políticas’ del chavismo, se insertaban conceptualmente dentro del supuesto de un escenario de poder donde el conflicto de clases central en el proceso bolivariano se manifestaba en la ‘dimensión política’, institucional y electoral. Podría decirse que hasta ese momento, lo ‘económico’ se presentaba como una dimensión puramente operacional, sobre la cual se incidiría adecuadamente desde lo ‘político’, mediante el control direccional de una maquinaria administrativa, que permitiere producir efectos afines a los objetivos políticos estratégicos. En la perspectiva post electoral marcada por la derrota política de la Oposición y su consiguiente desintegración, en la coyuntura han emergido a la acción capas económicas con claros objetivos de poder orientados a conseguir ‘des-ideologizar’ a la economía, a cambio de un mayor ‘pragmatismo’. Para éstos, los cambios requeridos por el modelo económico gubernamental requieren “llamar al sector productivo privado del país y bajo reglas claras y muy pragmáticas, dialogar y buscar soluciones a nuestra realidad económica” (Banca & Negocios, 17/02/2013).

Pero este curso de la coyuntura, permite avizorar que se está en presencia de un cambio de carácter en el curso conflictivo entre el Proyecto bolivariano y la fracción oligopólica financiero industrial que aspira a una reversión neo-liberal del proceso económico. El conflicto ahora se centra en la ‘dimensión económica’, desde la cual se pueden producir condiciones que alteren el curso político en vista del agotamiento de la Oposición. Por tanto, al caracterizar Chávez la situación actual como de ‘guerra económica’ apunta a una cuestión medular de la cual, sin embargo, no se sacan todas las conclusiones. En efecto, si en una óptica burocrática el Ajuste Cambiario aparece así como una medida inevitable, dado el cumplimiento de los fines para los cuales CADIVI y el SITME habían sido creados, en términos reales las medidas eran necesarias para evitar una eventual crisis presentándose marginales a una política amplia y meditada de transformaciones económicas que reorienten el proceso de crecimiento sobre bases sostenibles, pero distintas.

El problema central no es el de la ‘sostenibilidad’ del crecimiento, sino el de la ‘sostenibilidad con transformaciones estructurales’ que no sólo mantengan los logros alcanzados sino que los profundicen, única vía para la ‘consolidación’ de las políticas sociales en curso. Ninguno de los resultados alcanzados hasta el momento por el Proyecto bolivariano es irreversible, pues de hecho se presentan inacabados. No hay un sistema de salud estatal de alcance nacional y de usufructo universal para los distintos sectores sociales, aunque pueda aducirse que está en construcción. No hay un sistema educativo estatal nacional, articulado y con niveles de calidad adecuados. De hecho, la Educación Superior y Media están en descomposición institucional, con una docencia de baja calidad y en la que, en la primera, la actividad de investigación está en crisis. Los planes del Ministerio de Ciencia y Tecnología podrán dar resultados en el largo plazo, pero no se obtendrán si no están finalmente apoyados en plataformas institucionales, universidades o centros de investigación estatal, que efectivamente funcionen. Y esto implica ganar para el Proyecto bolivariano sectores sociales, intelectual profesionales, que existen pero que no encuentran apoyos para su inserción.

24-02-2013

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=164316

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