Los grupos parapoliciales se han extendido por todo el país

Por • 23 mar, 2011 • Sección: Nacionales

JUAN FRANCISCO ALONSO

Desde que en el año 2001 Portuguesa saltó a la palestra, porque en sus caminos y carreteras comenzaron a aparecer personas ajusticiadas y panfletos en los que grupos de policías amenazaban a otros presuntos delincuentes con el mismo destino, esta situación se ha esparcido, cual infección, por todos los estados del país.

La denuncia la formuló el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), en el informe que presentó a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la sudafricana Navi Pillay; y al Consejo de Derechos Humanos del organismo, en el marco del Examen Periódico Universal, evaluación a la que Venezuela será sometida este año para constatar el grado de respeto de las garantías fundamentales en el país.

En el reporte, la agrupación aseveró que la actuación de los llamados grupos de exterminio, los cuales han dejado más de 8 mil personas muertas en los últimos nueve años, es «producto principalmente de los altos niveles de corrupción, de la desprofesionalización de las organizaciones policiales y de la impunidad».

Cofavic, en su reporte, echó mano de las cifras del Ministerio Público para dejarle en claro a las Naciones Unidas que la incapacidad de las autoridades para investigar y sancionar estos hechos ha terminado convirtiéndose en su principal aliciente.

En su informe correspondiente al 2009, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que ese año investigó 9.610 casos de presuntos abusos policiales, de los cuales solamente 315 (3,28%) terminaron siendo llevados ante los tribunales.

Estos datos no mejoraron ni un ápice en los últimos doce meses, al menos esa es la conclusión a la que se llega al revisar el balance sobre 2010 que ayer presentó la jefa del Ministerio Público a la Asamblea Nacional y en el cual informó de que los 9.131 casos analizados apenas 266 (2,91%) terminaron con una acusación.

«Estas estadísticas (…) por sí mismas confirman el grave esquema de impunidad que ha prevalecido en relación a las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el país y son una clara explicación del crecimiento de la violencia que se vive», agregó la organización en su reporte.

Cofavic también denunció a que en los últimos cuatro años el número de ajusticiamientos, bajo la modalidad de homicidios múltiples, ha crecido de manera importante. Asimismo criticó que se mantenga abierta la posibilidad de que los efectivos de la Fuerza Armada puedan intervenir en acciones relacionadas con la seguridad ciudadana, pese a que no están formados para ello.

Tras recordar que Venezuela es uno de los países con el mayor número de homicidios del mundo (48 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a lo informado por el propio Ministerio del Interior), la agrupación dio por buena la explicación dada por la Defensoría del Pueblo para explicar la tolerancia de la sociedad hacia esta terrible práctica: La ciudadanía considera a los ajusticiamientos como «una herramienta efectiva para combatir los altos índices de inseguridad» y desconoce «sus derechos y garantías».

Por último, en su informe a la Alta Comisionada y al Consejo de Derechos Humanos, Cofavic expresó su preocupación por la situación en la que se encuentran quienes se atreven a denunciar este tipo de crímenes, que por lo general son mujeres, pues «en su mayoría sufren un grave proceso de revictimización, ya que en un 70% son objeto de amenazas y actos de hostigamientos para inhibir sus acciones en búsqueda de la justicia».

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