Volvemos todo una guasa

Por • 27 sep, 2012 • Sección: Nacionales

Luis Fuenmayor Toro

A partir de 2005, la disponibilidad de inversión en ciencia y tecnología en Venezuela dio un salto espectacular, al pasar de 035% del PIB ese año a ser 1,78% en 2006 y 2,69% en 2007, con lo cual nos colocamos a la cabeza en inversión en este campo en toda América, superando incluso a EEUU y a Canadá. Esto fue posible por la promulgación de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que creó la obligación de las grandes empresas nacionales, oficiales y privadas, a invertir un pequeño porcentaje de sus ingresos brutos en su propio desarrollo tecnológico.

Se había incorporado en la ley un dispositivo parecido al que opera en el mundo desarrollado, sólo que bajo control y supervisión del Estado, en vista de la inexistencia en el país de una cultura empresarial de invertir en un área tan importante, para garantizar la competitividad de las empresas en un mercado que incorpora en forma inmediata los últimos avances tecnológicos. No se trataba de un impuesto sino de un dinero de las empresas, que obligatoriamente tenían que invertir en sí mismas, algo que no ha sido comprendido por la dirigencia gubernamental.

Para quienes hoy dirigen el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT), según sus publicaciones oficiales, parecería que la meta científica del país era la de superar a EEUU en la inversión en ciencia y tecnología medida como porcentaje del PIB. Así, señalan en sus boletines que se “evidencia la ruptura en la dominación por parte de las grandes potencias, en (..) direccionar gran cantidad de recursos a la Ciencia y la Tecnología”, pasando a ser Venezuela el líder en este aspecto, de manera que ocuparía “el primer lugar en todo el Continente Americano e Iberoamericano”.

De la fogosidad informativa podría pensarse que cerramos la brecha en ciencia y tecnología, que nos separaba del mundo desarrollado. Se esconde que una cosa es el monto de la inversión y otra, muy distinta, es que la misma se haya hecho apropiadamente. Los recursos no habían sido concebidos para pagar la burocracia del sector, sino sólo para desarrollo científico, sin embargo, están siendo dedicados al pago de salarios ministeriales y de actividades de consejos comunales. PDVSA, por su parte, incluye como gasto científico el financiamiento que da a programas sociales. Estos no son gastos en ciencias y tecnología.

Pero aumenta la preocupación cuando vemos los proyectos financiados: Planta procesadora de harina de frijol y de arroz para elaborar galletas, planta de extracción de aceite de maíz, elaboración de fluidoterápicos y soluciones electrolíticas para diálisis (lo que la gente llama “sueros”; agua y sal sin pirógenos), producción de antivenenos, de vacunas, de bombillos, de eritropoyetina, ensamblaje de computadoras, todas ellas actividades importantes y útiles, que han sido realizadas por décadas en Venezuela, pero que no son investigación científica y tecnológica.

Al parecer, quienes dirigen el MCyT, quizás muy bien intencionados, no tienen idea de lo que es ciencia y tecnología. Al no ser verdaderos investigadores, confunden la creación o ampliación de plantas y empresas, que aplican conocimientos existentes e incluso dominados por el país desde hace mucho tiempo, con investigación científica y tecnológica. Ideologizados con el cuento de la pertinencia social y de la “ciencia útil”, pero concebida con un criterio muy estrecho, se empeñan en financiar la fabricación de galletas, como si esto constituyera un logro de los investigadores nacionales y ya no lo fuera de los panaderos.

Atreverse a hablar de la necesidad de financiar proyectos de ingeniería genética, de química de superficie, de síntesis y modificación molecular, de nanotecnología, de inteligencia artificial, física de partículas, nuevos materiales, energía de fusión y otras fuentes energéticas, antibiosis, robótica, astrofísica, metabolismo parasitario, superconductividad, síntesis farmacológica, resistencia bacteriana, generación de vida, petroquímica, insecticidas biológicos, neurotransmisión, combustibles y otros parecidos, es una herejía castigable con el grito de “oligarca de las ciencias”.

Y para colmo, surge el decreto ministerial de independencia tecnológica, un imaginario 5 de julio tecnológico, que destaca en la chacota en que se ha convertido el desarrollo venezolano. Fabricaremos entonces tractores, aviones, helicópteros, grandes buques, submarinos, automotores, cohetes interplanetarios con tecnología que ya dominamos. El próximo satélite no requerirá de chinos, pues lo haremos nosotros solos. Lo mismo pasará con computadoras, tomógrafos axiales, resonadores, equipos electrónicos, celulares, telescopios, trenes, cámaras fotográficas, televisores, represas, plataformas marinas, industrias robotizadas y grúas como la de Cúpira.  

Para seguir la chirigota diremos que al ser decretada nuestra soberanía tecnológica, se congestionaron aeropuertos y puertos con la cantidad de chinos que jubilosos regresaban a su patria. Los bielorrusos entristecieron pues el negocito de hacer de ladrillos se terminaba, al haber nuestra gente reaprendido a elaborarlos. Los escuálidos, alegres de que chinos y bielorrusos se fueran, felicitaron al Gobierno. Los rusos lloraron al dejar atrás los plátanos. Se inundó el mercado mundial con la exportación de los medicamentos de Farmapatria y con las galletas de frijol, lo que hizo quebrar a la industria medicamentosa suiza y a las panaderías europeas.

A lo mejor así, presentado de esta manera, la gente comienza a entender lo que significa soberanía científica y tecnológica, y dejan de hacer el papel ridículo que están haciendo ante el mundo y los venezolanos del futuro.     

La Razón, pp A-2, 23-9-2012, Caracas

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