PROPOSICIONES PARA LA NUEVA LEY DE UNIVERSIDADES

Por • 16 dic, 2010 • Sección: Opinion

Luis Fuenmayor Toro

INTRODUCCIÓN 

Este año se discute en la Asamblea Nacional la Ley de Universidades, luego de haberse aprobado la Ley Orgánica de Educación, en la cual poco se adelantó en materia académica, para corregir los vicios que se han generado en la universidad venezolana y completar las insuficiencias del actual instrumento legal. Sigo pensando que debemos, después de haber promulgado la Ley Orgánica de Educación, elaborar una Ley de Universidades en la que además de estas instituciones se incorporen los politécnicos, los pedagógicos y los institutos de altos estudios, militares y civiles. Para ello efectuamos unas proposiciones en 2001 (Fuenmayor), que hoy actualizamos con este material

La producción del conocimiento sería la actividad o función fundamental de esta parte del sistema de educación superior, que además formaría investigadores y profesionales del más alto nivel, todo lo cual estaría a cargo de las instituciones que lo integran, y tendría como objetivos fundamentales producir los conocimientos y formar profesionales e investigadores de muy alto nivel, que permitan la adopción de un nuevo modelo de explotación del petróleo, que deje de vender materia prima y ponga su acento en la producción de petroquímicos y químicos orgánicos, que garanticen el desarrollo científico y tecnológico del país (Arcaya, 1993), con miras a un mejoramiento continuo y manifiesto de las condiciones de vida y de bienestar de nuestros compatriotas, nuestro despegue definitivo del subdesarrollo, el logro de la autarquía alimentaria, y, como consecuencia de todo ello, el ejercicio pleno de nuestra soberanía más allá de su simple enunciado constitucional.

La Ley Orgánica ha debido crear el sistema de educación superior y definir sus instituciones integrantes, su importancia, sus funciones, sus órganos de dirección, sus características generales y sus comunidades académicas. Ha debido reafirmar el carácter autónomo de las universidades, politécnicos y pedagógicos, con el debido énfasis en la gran responsabilidad que este privilegio conlleva, en lo inaceptable de su perversión y en que el mismo debe entenderse en función de las actividades académicas institucionales, principalmente las derivadas de la creación intelectual en todas sus formas, las cuales no pueden tener otro límite que las fronteras de la inteligencia humana y los linderos del conocimiento y de la imaginación (Fuenmayor, 1993). Lamentablemente, el instrumento aprobado por el Gobierno (AN, 2009) no se ocupó realmente de la educación y mucho menos de la educación universitaria.

Creado el sistema de educación superior, se pasaría a elaborar y promulgar las leyes especiales: Ley de Universidades e Instituciones Similares, la cual substituiría a la ley reformada del presidente Caldera (CN, 1970); Ley de Institutos y Colegios Universitarios, Ley de Financiamiento de la Educación Superior y una Ley de Financiamiento Especial por diez años, para culminar y completar la planta física pendiente de todas las universidades oficiales venezolanas. Estas leyes deberían ser aprobadas dentro del plazo de un año de haber aprobado la LOE.

Habíamos propuesto que no existiera una Ley de Educación Superior, que abarcara a todo el sistema educativo universitario, pues parece una tarea difícil de instrumentar por lo heterogéneo de las instituciones que lo componen, lo que la haría muy extensa e impráctica. Si de algo le sirven al hombre sus vivencias y experiencias, deberíamos recordar que desde 1979 se ha estado tratando de elaborar una Ley de Educación Superior y todos los intentos efectuados han resultado fallidos, pues es muy difícil conjugar en un solo instrumento legal la rica diversidad universitaria con la también extensa heterogeneidad del resto de las instituciones.

Para ayudar y facilitar la discusión que se debe dar en torno a la nueva ley que regule a las universidades, presentamos un grupo de grandes temas fundamentales con sus respectivas proposiciones, algunas más afinadas que otras, para el debate abierto de todas ellas, pues han surgido del análisis del funcionamiento de las universidades en el período que va desde 1958 hasta nuestros días y todas son de gran impacto en la construcción de la universidad del siglo XXI. Ojalá la discusión de la Ley de Universidades sea la ocasión para que el Gobierno promoviera un diálogo sano y crítico entre los distintos sectores universitarios, para acordarnos acerca de lo que debería ser la universidad venezolana (Villarroel, 2008), estructura vital para el desarrollo del país y para la vigencia de la soberanía nacional.

AUTONOMÍA Y DEMOCRACIA

La Constitución vigente, aprobada en referéndum en 1999 (ANC, 2000), garantiza la autonomía universitaria en una forma clara, por lo que la ley no puede otra cosa que repetir lo pautado constitucionalmente. Sin embargo, la definición del recinto universitario debe hacerse, para eliminar las restricciones al mismo, tanto de la Ley reformada por el gobierno de Caldera (CN, 1970) como del Reglamento de promulgado por el gobierno de Leoni en 1967, así como dejar clara la naturaleza del mismo. Los revolucionarios de entonces, algunos todavía en el gobierno del presidente Chávez, enfrentamos vehementemente, junto con sectores socialcristianos y socialdemócratas  avanzados, el contenido de la Reforma de la Ley de Universidades señalada, razón por la cual, supongo que la Asamblea Nacional actual no tendrá ningún problema en rescatar la correcta definición del recinto universitario y plasmarla en la futura ley.

En relación con la democracia universitaria sólo apuntaré que la universidad es una sociedad de conocimientos y, como tal, sus jerarquías no se establecen como se hace un una república, sino se establecen en función del nivel de conocimientos, formación y experiencias que se posean. Un profesor titular, al igual que un general de división, no alcanzan esas posiciones por elección, sino a través de estudios, cursos y producción de conocimientos.  Equiparar la universidad a una república es un error garrafal producto de una ignorancia crasa sobre la materia.

El tutor de un estudiante de doctorado no es su jefe, como algunos pudieran pensar. Es el académico, generalmente escogido por el propio estudiante, que tiene la formación y preparación que el cursante desea para que lleve sus estudios e investigaciones a feliz término. Tiene lo que se conoce como autóritas y en ello reside su autoridad, posición y jerarquía. El rector de una universidad no es el equivalente del Presidente de la República o de un gobernador, debería ser el sabio conductor de la institución. Lamentablemente, las perversiones ocurridas y presentes en las universidades han ido desvirtuando el deber ser académico hasta hacerlo susceptible de interpretaciones impías. Para quienes quieran ahondar en este interesante campo, los remito a un ensayo de mi autoría publicado en la revista “Educere” de la Universidad de Los Andes (Fuenmayor, 2008).  

SEPARACIÓN DE PODERES[1]

Uno de los mayores problemas con que ha tropezado el funcionamiento de la universidad venezolana, y me atrevería a decir de toda la educación superior del país, ha sido la concentración de poderes que se da en el seno de su máximo organismo directivo: el Consejo Universitario o su equivalente en las universidades experimentales. Estos cuerpos de dirección tienen por ley atribuciones reglamentarias y normativas, a la vez que funciones de ejecución, disciplinarias, electorales y contraloras, sobre las instituciones y sus comunidades académicas y sobre el personal de apoyo.

Esta concentración de funciones o atribuciones en un único organismo nos lleva a la contraproducente situación de que continuamente sus integrantes son jueces y, a la vez, partes interesadas en las situaciones analizadas y en las cuales se debe producir una toma de decisiones, las que en consecuencia no necesariamente obedecen al interés de la institución como un todo y, en muchas ocasiones, son incluso contrarias a éste. Se debe además prevenir que los consejos directivos o universitarios se corporativicen, práctica común impulsada por los partidos políticos del pasado y que sigue estando vigente a través de sus despojos sucesorales, que conduce a que las decisiones tomadas por los organismos directivos no respondan a los intereses de las instituciones, sino beneficien intereses bastardos de individualidades o grupos intra o extra-institucionales. Situaciones similares se dieron también en el pasado en el Consejo Nacional de Universidades.

Enfrentar esta situación desde su raíz significa desconcentrar las funciones atribuidas a estos organismos de manera de distribuirlas entre distintos cuerpos colegiados, todos en principio de una misma jerarquía, integrados por representantes de la comunidad y por autoridades de los distintos programas a ser ejecutados, o por profesores a quienes se exige determinadas requisitos académicos de escalafón y tiempo de trabajo en la institución, elegidos por la comunidad académica, constituidos de manera diferente de acuerdo a sus atribuciones, con competencias para la aprobación de diferentes momentos de procesos similares, con funciones complementarias, que en forma automática permiten el control de unos organismos por los otros (Fuenmayor, 2004), de manera de desarrollar un necesario y eficaz autocontrol institucional con la menor injerencia externa posible o necesaria.

CONSEJO UNIVERSITARIO O DIRECTIVO

En principio propondríamos la existencia de un Consejo Universitario o Directivo, presidido por el Rector, donde no estaría ninguna otra autoridad ejecutiva de la institución. Sería el máximo organismo de dirección y decisión académica de la universidad, con funciones normativas y reglamentarias, de elaboración de las políticas, de aprobación de los planes de estudios y diseños curriculares, de establecimiento de aranceles y subvenciones, de evaluación de las funciones esenciales universitarias, de autorización para la subscripción de contratos y convenios, la aceptación de herencias y donaciones, la adquisición y enajenación de bienes, la determinación de los programas de concursos y ascensos, la designación de jurados, la aprobación presupuestaria y la creación de carreras, programas, facultades, centros, institutos y demás dependencias, estas dos últimas atribuciones a solicitud del Consejo Ejecutivo a través de Rector.

En este organismo estarían representados los distintos tipos de miembros de la comunidad universitaria en número de acuerdo a su jerarquía y nombrados, con excepción del representante del Ministro de Educación, Cultura y Deportes[2], por elección directa de los integrantes de cada uno de los grupos del claustro universitario: personal académico de planta, docentes-investigadores-extensionistas a dedicación exclusiva a la universidad; profesionales docentes, personal profesional con funciones docentes que se desempeña a tiempo convencional; instructores por concurso, docentes a dedicación exclusiva ubicados en el primer nivel de la carrera académica, en etapa de formación como investigadores, como paso previo para ascender al personal académico; estudiantes regulares de pregrado, estudiantes de los postgrados académicos a dedicación exclusiva y el personal académico jubilado.

Los representantes de los instructores y de los estudiantes durarán un máximo de dos años en sus funciones y perderán su condición al ascender o graduarse, respectivamente. Los integrantes del Consejo Universitario o Directivo, que representan a los distintos sectores de la comunidad universitaria, mantendrán sus actividades académicas y sólo tendrán dispensa de las mismas en los días de sesiones del cuerpo. No podrán tener cargo directivo o de coordinación de ninguno de los niveles de la administración universitaria y el desempeño de sus representaciones no podrá ser remunerado en ninguna forma.

CONSEJO EJECUTIVO

También sería presidido por el Rector, quien estaría acompañado de los decanos o autoridades equivalentes de núcleos y programas y del resto de las autoridades ejecutivas centrales: las universitarias, directores de investigación, postgrado y extensión, y eventualmente, según el tamaño y las complejidades institucionales, algunos otros funcionarios ejecutivos, cuyo ámbito de acción sea para toda la institución como el Director General de Administración. La mayoría de sus miembros serían electos[3] en el caso de las instituciones autónomas o de universidades experimentales a las que se les haya concedido esta potestad. Sus integrantes estarían dispensados de la realización de las actividades académicas ordinarias, a menos que obtuvieran licencia, por parte del Consejo Universitario o Directivo, para mantener un máximo de dos horas diarias de dedicación a la academia.

El Consejo Ejecutivo sería el encargado de la marcha adecuada de las actividades universitarias, del cumplimiento de las leyes y reglamentos por toda la comunidad y por el personal de apoyo y sería el órgano máximo de dirección ejecutiva de las instituciones. Entre sus atribuciones estaría la elaboración del presupuesto anual de ingresos y gastos, las proposiciones de creación de programas, carreras, sedes, núcleos, centros, institutos u otras dependencias; la elaboración de los planes de estudios, la realización de los movimientos del personal administrativo y obrero, el establecimiento de los cupos por carreras y programas, la apertura de los concursos de oposición para el ingreso del personal docente y de investigación, la aprobación del calendario oficial de actividades anuales y la tramitación de los veredictos de concursos y ascensos.

CONSEJO JURÍDICO DISCIPLINARIO[4]

De las violaciones a las normas y reglamentos universitarios por parte de los miembros de la comunidad universitaria, así como de cualquier otra falta cometida por los mismos, que por su índole o extensión tenga implicaciones académicas o institucionales, se ocupará el Consejo Disciplinario. El mismo actuará a iniciativa propia o a solicitud de otros organismos de gobierno universitario, de las autoridades ejecutivas de la universidad y de los profesores y, en el caso de denuncias estudiantiles, abrirá una averiguación administrativa previa a la instrucción del expediente. No es un organismo de carácter representativo, estará integrado por profesores electos por los distintos sectores de la comunidad académica (personal académico y estudiantes como antes se definió) y designará de fuera de su seno un abogado con muy buenas credenciales, quien además de ser el Secretario del Consejo dispondrá de una oficina de asuntos disciplinarios y velará por el cumplimiento del debido proceso en la instrucción de los expedientes disciplinarios.

Sus integrantes deberán ser miembros del personal académico y estar entre los docentes de los dos más elevados niveles del escalafón universitario (carrera académica). Los miembros del Consejo Disciplinario mantendrán todas sus actividades académicas, con excepción de las que se realicen los días de reunión, pero no podrán tener otra actividad directiva o de coordinación de ningún nivel de la administración académica, ni remuneración ninguna por su desempeño en el organismo.

CONSEJO CONTRALOR[5]

Se trataría de un organismo que supliría con creces y con mucho mayor legitimidad las insuficiencias detectadas en las contralorías internas de las universidades en las últimas cuatro décadas. El organismo contralor de la universidad no puede depender del Rector o del Consejo Universitario, como ha ocurrido con las contralorías señaladas sobretodo en los últimos años, pues ambas son instancias que deben ser controladas por esas dependencias con relación a sus ejecutorias administrativas, financieras y académicas. Quien controla no puede depender del ente a ser controlado, pues esto mediatiza o hace incluso desaparecer la capacidad fiscalizadora real del ente contralor.

El Consejo Contralor tendría como brazo ejecutivo a las contralorías internas (2), las cuales pasarían a depender de él. El Contralor Interno sería el director de la Oficina de Contraloría y a la vez el Secretario Ejecutivo del Consejo Contralor, quien lo escogería a través de un proceso de concurso público de credenciales, tal y como estipula la ley vigente sobre la materia. Este organismo sí tendría carácter representativo y estaría constituido por representantes electos de los sectores mencionados integrantes del claustro universitario, a quienes se añadiría una representación de los trabajadores y la representación de la Contraloría General de la Nación, de la Fiscalía General de la República y del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El ámbito de la acción contralora abarcará todas las dependencias universitarias y todas aquellas entidades donde la universidad tenga participación en su constitución, funcionamiento o financiamiento. Los integrantes del Consejo Contralor miembros del Claustro Universitario no tienen dispensa para la realización de sus actividades académicas normales con excepción de los días de sesión del organismo. Tampoco podrán desempeñar cargos de dirección o coordinación académico-administrativa en ningún nivel de la institución, ni tener remuneración por su labor consejera.

CONSEJO DE APELACIONES

Sería el organismo superior de las universidades en materia disciplinaria, electoral y de impugnación de las decisiones de los consejos directivo, ejecutivo y jurídico disciplinario. Decidiría también en única instancia interna sobre los desacuerdos entre los consejos Directivo o Universitario y Ejecutivo. Serviría también de tribunal de honor en los asuntos que se le sometan a su consideración por vía de arbitraje. La constitución de este cuerpo tiene que prestar especial atención a sus elevadas y fundamentales funciones. Sus integrantes deberían estar «más allá del bien y del mal», para utilizar una expresión común muy descriptiva de lo que se quiere. Significa esto que deben ser académicos completamente realizados, con pocos intereses individuales o personales en la institución, pues ya han cumplido con creces con todos los requisitos que la universidad les exigió a lo largo de toda una fructífera vida académica. Estamos hablando de profesores académicos de gran talla, con el máximo escalafón posible, con título de doctor, con más de 20 años en la universidad y con obra escrita publicada.

Deben ser electos por el personal académico de los dos niveles más elevados del escalafón y por los estudiantes regulares del último año de las carreras del nivel de licenciatura y quienes se encuentren en el último año de su maestría o doctorado, siempre que sean estudiantes de postgrado a dedicación exclusiva. Durarían unos cuatro años en sus funciones, continuarían realizando sus actividades académicas normales y sólo dejarían de hacerlo los días de reunión del cuerpo. No podrían desempeñar ningún cargo de dirección o de coordinación académico-administrativa en ningún nivel de la institución, ni tener remuneración como integrantes del Consejo.

Los miembros del Consejo escogerían fuera de su seno al doctor en derecho que asumiría la Secretaría Ejecutiva del Cuerpo, quien tendría bajo su conducción a la Oficina de Apelaciones, la cual dispondría del personal mínimo necesario para el cabal desempeño de las importantes funciones del Consejo de Apelaciones.

CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (CNU)

Aunque se trata en principio de un organismo extrauniversitario de coordinación de las actividades de las universidades, algunas de sus atribuciones, entre ellas las disciplinarias, le dan un claro carácter suprauniversitario, por lo que es necesario incorporarlo en al análisis que venimos realizando sobre esta materia. En él también se dan las limitaciones, incongruencias y vicios, que hemos anotado anteriormente para los consejos universitarios. En efecto, la presencia en su seno de los rectores de todas las universidades, en una suerte de cargo representativo, impide no sólo el análisis objetivo de los problemas existentes, sino a veces incluso el reconocimiento mismo de la existencia de problemas. Nos encontramos ante la situación ya descrita de que los actores son jueces y partes al mismo tiempo, lo que impide o por lo menos dificulta en alto grado la visión objetiva de la situación.

La existencia de la autonomía universitaria y la atribución de las universidades de elaboración de políticas académicas hacen necesaria la existencia de un organismo de coordinación educativa, en el cual el ministro de educación universitaria discute con sus pares, los rectores, en orden de alcanzar consensos sobre las actividades y programas del sector. La rectoría en la materia la debe tener el ministerio correspondiente, quien ejecuta las políticas a través de las instituciones educativas, algunas de las cuales son autónomas. Con su poderoso brazo financiero y la obligación  constitucional y legal de las universidades de contribuir con el desarrollo nacional, el ministro logra que las universidades ejecuten las políticas ministeriales, aunque éstas no tengan un carácter de exclusividad en los programas y actividades a desarrollar por las universidades.

Esta estructura de coordinación y consenso tendría como actividad fundamental la presupuestaria y financiera, tanto en lo referente a la adjudicación de fondos como en la presentación de las cuentas anuales o semestrales de las instituciones. Sería una suerte de Consejo Nacional de Financiamiento Universitario, con el ministro de educación universitaria como su presidente, los rectores de las universidades oficiales, politécnicos, pedagógicos y centros de altos estudios; la representación del ministerio encargado de las finanzas, del ministerio encargado de las ciencias y la tecnología, de la oficina técnica correspondiente y de la comunidad académica, señalada anteriormente. 

Por otra parte, hace falta una estructura académica y política para la discusión rica y objetiva sobre la educación universitaria y su relación con el país, que permita una planificación a largo plazo, que prevea el crecimiento poblacional, el desarrollo del conocimiento mundial, los retos de la sociedad contemporánea, así cono evalúe en la forma más objetiva posible la actividad universitaria: sus aspectos positivos, sus logros, sus reservas, sus posibilidades futuras, su crecimiento y expansión, al mismo tiempo que sus problemas, sus limitaciones, sus distorsiones y sus vicios y corruptelas. Una suerte de foro donde se diera, por su naturaleza, una actitud positiva en la dirección de la transformación y el cambio profundos, sin las limitaciones y mezquindades que muchas veces acompañan estos procesos.

Este organismo no debería incorporar en su seno a los rectores, sino que tendría otro tipo de integración donde se reúnan lo mejor y más preparado de las universidades con la dirección gubernamental para planificar el futuro institucional. Se trataría de un Consejo Nacional de la Academia Universitaria, el cual sería responsable de la elaboración de políticas, de la aprobación de los planes, de la supervisión del sector, del estudio de las rendiciones de cuenta, de su evaluación permanente y de conocer y corregir las desviaciones y errores, que se pudieran presentar o cometer en las universidades y en los organismos gubernamentales respectivos.

Habría que prestarle atención a las calificaciones de los integrantes de ambos organismos, pues sólo con personal académico realmente formado, de talla, pueden construirse organismos que se aparten del subdesarrollo mental, académico y político, donde ha estado el sector por espacio de varias décadas. Académicos con obra escrita, con escuela formada, con el máximo nivel en el escalafón, con doctorado y con muchos años en el sector universitario, deberían ser los candidatos a constituir ambos consejos, sin importar la universidad de proveniencia. En el caso del Consejo Nacional de la Academia, sus integrantes no serían representantes de ninguna institución; serían miembros integrantes de un organismo político de la academia superior venezolana. Este organismo tendría su secretariado ejecutivo y las mismas oficinas técnicas del otro consejo. Un espacio también para la participación del Ministro de Ciencia y Tecnología, para el de Finanzas, el de Planificación y para la empresa petrolera estatal, la cual se tiene que convertir en la principal financiadora de la ciencia y la tecnología en el país.

ESPECIALIZACIONES Y POSTGRADOS ACADÉMICOS

La Ley de Universidades vigente tiene muy poco texto dedicado a los postgrados, a pesar de la importancia de los mismos para el desarrollo del país y particularmente para la educación universitaria. Esto se debe a que la Ley data de 1958, cuando el desarrollo de los postgrados nacionales era muy reducido. La reforma del año 1970, momento en que ya había un cierto desarrollo de los postgrados nacionales, no tocó este tema pues sus objetivos fueron meramente político-partidistas: asalto a las estructuras de poder universitario, principalmente de la Universidad Central de Venezuela, y someter a ésta a los perversos efectos del clientelismo partidista, que originó un crecimiento burocrático del cual todavía es víctima nuestra UCV.
La futura legislación deberá favorecer la formación de postgrado en el país, para promover el desarrollo de los mismos. Además, crear postgrados latinoamericanos, que permitiría un esfuerzo mancomunado potenciador (Fuenmayor, 1991).

La próxima legislación universitaria debería dejar completamente claro la existencia de dos líneas de desarrollo diferentes de los postgrados universitarios: las especializaciones y los postgrados académicos. En los primeros se forma un especialista, es decir un profesional que prestará un mejor y mayor servicio a la sociedad al profundizar su conocimiento de un área cada vez más restringida del conocimiento. Adquiere conocimientos, destrezas manuales e intelectuales, habilidades para el ejercicio profesional de un sector del saber cada vez más reducido y en ello se desempeña y hace carrera. No se trata de un investigador científico o humanístico, no se trata de alguien entrenado para realizar tareas de investigación en ciencias sociales, se trata de alguien que profundizó en el conocimiento de un campo menos amplio del saber. Para expresarlo en lenguaje corriente diríamos que se trata de una persona que «sabe cada vez más de menos». Esto no significa que en su formación profesional no se pueda incluir el requisito de la elaboración y presentación de una tesis o trabajo especial de grado, que tendría como finalidad entrenarlo en el manejo de bibliografía y en la comprensión de trabajos de investigación. El especialista aplica conocimientos a la solución de problemas individuales o colectivos; el investigador produce conocimientos. He allí la diferencia.

Formación de Investigadores

Los postgrados académicos, por su parte, forman investigadores de dos niveles de complejidad: el de maestría y el de doctorado. Es conveniente dar una definición operacional de lo que consideramos es un doctor y así también entender lo que significa el nivel de maestría, el cual tiende a desaparecer en las universidades más avanzadas. Un «doctor» es una persona formada y entrenada para realizar investigación original y de alta calidad sin supervisión». Un «magíster» realiza también investigación científica, que debe ser original y de calidad, pero que requiere de supervisión. Hemos enmendado con estas últimas consideraciones, lo que hoy consideramos un error del ensayo inicialmente publicado, en el cual se cuestionaba la originalidad y la calidad del trabajo de investigación de las maestrías.          El término «investigación científica» es utilizado en su sentido más amplio, por lo que se aplica también a las humanidades y a las ciencias sociales.

La formación de investigadores tiene que ser realizada a dedicación exclusiva y no puede durar menos de dos años de actividades académicas diarias. En relación con la duración de los doctorados y las maestrías es necesario también regular la duración máxima de los mismos. En un país como el nuestro, donde se requiere la formación inmediata de más de 20 mil investigadores en los próximos años, para poder alcanzar la cifra de un investigador por cada un mil habitantes, indicador recomendado para países con el desarrollo de Venezuela, es totalmente absurdo, contraproducente e incomprensible, una exagerada duración de los postgrados académicos. Mientras en centros de excelencia en el exterior un doctorado se puede hacer perfectamente en tres años, en nuestras universidades se tarda más de cinco años. Algo similar ocurre con las maestrías. Debe establecerse legalmente que las maestrías puedan finalizarse en dos años y los doctorados en tres, lo cual es perfectamente posible si se entiende que se cursarán a dedicación exclusiva.

Las actividades de investigación deben constituir el eje curricular de este tipo de postgrados y deben estar presentes desde el inicio mismo de la actividad académica. La escolaridad formal debe reducirse al mínimo indispensable y todo esto debe señalarse en el próximo instrumento legislativo. Los estudiantes de estos postgrados requieren de la asesoría permanente de un tutor o supervisor, quien tiene que ser un investigador activo en el área de conocimientos asumida por el estudiante, preferiblemente con grado de doctor y una amplia obra publicada; deben culminar sus estudios con la presentación y defensa de una tesis de grado y las publicaciones correspondientes en revistas arbitradas y acreditadas. Esto claramente significa que muchas de las maestrías y doctorados existentes, sobretodo en el sector privado, no reúnen los requisitos académicos necesarios para ser consideradas como tales, pues son a tiempo muy parcial y no disponen de tutores de la calidad requerida para estos elevados fines. Muchas maestrías actuales son simples especializaciones con tesis, por lo que no capacitan ni forman realmente para la investigación como se supone deberían hacer. Éstos son elementos a considerar en la próxima legislación universitaria, que debe impulsar los estudios de doctorado y maestrías en la universidad oficial y limitarlos en las instituciones privadas a aquellos cursos que cumplan totalmente con los requisitos exigidos.

REESTRUCTURACIÓN DEL PREGRADO

El desarrollo de los postgrados, por una parte, y las necesidades del país de graduar profesionales en el menor tiempo posible, por la otra, hacen impostergable una revisión de los estudios de pregrado con especial énfasis en la duración de los mismos, la cual muchas veces depende de u na innecesaria frondosidad de los programas. Muchos contenidos de los programas actuales son repetitivos o innecesarios, mientras que otros pueden perfectamente pasar a niveles educativos superiores, lo que significa que se impone una reducción de la duración de la mayoría de las carreras del nivel de licenciatura a cuatro años, lo cual debe ser impulsado a través de la legislación futura.

Una medida de este carácter favorece los intereses de los estudiantes en general, pero particularmente de aquéllos de bajos recursos, quienes no disponen de financiamiento para mantenerse como estudiantes por períodos prolongados y tendrían mayores posibilidades de culminar exitosamente sus carreras si la duración de las mismas fuera menor. Se favorece también el Estado, pues se reduce el costo de formación de los estudiantes en un 20 por ciento por lo menos, lo que permite la posibilidad de incorporación de un número mayor de estudiantes al sistema educativo universitario. Se favorece también la sociedad en su conjunto, al disponer en menor tiempo de profesionales preparados y adiestrados para servirle.

El acortamiento de las carreras, incluso de las de técnicos superiores, que deberían pasar a durar unos dos años, permitiría además una revisión de los programas de estudios de manera de ajustarlos y adaptarlos a los requerimientos reales del país y al desarrollo del conocimiento y del ejercicio profesional y técnico respectivo. Se harían entonces mucho más pertinentes socialmente los estudios de pregrado. Se entiende que no se está reduciendo la calidad de los estudios universitarios con esta medida, como tampoco dejando de abordar contenidos necesarios de las diferentes profesiones. Simplemente, se está sincerando la duración de los estudios y ajustándolos a las nuevas situaciones.

Dentro de esta revisión estaría la incorporación en el pregrado del ejercicio profesional supervisado como condición para la obtención del grado, tal y como ocurre desde hace bastante tiempo en carreras como la medicina, en la cual los estudiantes ejercen como médicos en los servicios de salud públicos durante el último año de sus estudios de pregrado, tanto en asistencia hospitalaria como ambulatoria, prestando de esa forma un extraordinario servicio a toda la colectividad, preferentemente a los sectores más pobres de la población, pero por sobretodo formándose y entrenándose supervisadamente en la práctica clínica y de salud pública, luego de haber adquirido e incorporado la formación teórica.

Se debería, en muchas disciplinas, substituir la elaboración de la tesis de licenciatura por este ejercicio profesional supervisado. Ésta debería ser la norma en las carreras profesionales, mientras la tesis o trabajo especial de grado de licenciatura quedaría restringido a aquellos programas en ciencias y humanidades, donde se forman licenciados con el propósito de incorporarlos más adelante a la carrera académica, es decir al campo de la investigación científica y humanística. Esta reducción del número de potenciales tesistas es, al mismo tiempo, una bendición para estudiantes y profesores de escuelas donde es imposible atender como debe ser al estudiante en busca de tutor para su trabajo de tesis.

EL INGRESO ESTUDIANTIL

En este importante aspecto, la nueva Ley de Universidades debe ser muy clara en el sentido de garantizar la equidad en el ingreso y en la prosecución de los estudiantes, en el entendido que para un mejor desempeño es importante conocer las aptitudes de los aspirantes y canalizarlos según las mismas. Es imprescindible, además, que el aspirante haya incorporado los contenidos educativos previos necesarios, para poder asumir con éxito la complejidad de los estudios superiores. Estas dos circunstancias hacen necesario, desde el punto de vista académico, la realización por lo menos de pruebas diagnósticas previas al ingreso a las universidades y demás instituciones universitarias.

Se requiere un sistema nacional de ingreso y prosecución que dé cumplimiento al artículo 103 de la Constitución Nacional (ANC, 2000), el cual señala: Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. Este artículo señala que el ingreso a la educación no es absolutamente libre, pues existen limitaciones al mismo, por lo que la exclusión educativa en las universidades sólo existiría en aquellos casos en los que no se puede ingresar en este nivel educativo, a pesar de tener aptitudes, vocación y aspiraciones. Si alguien, por ejemplo, no realiza estudios universitarios simplemente  porque no desea hacerlo, no puede llamársele “excluido”.

La ley debe establecer claramente las características del Sistema Nacional de Ingreso y Prosecución en la Educación Superior (Fuenmayor, Teruel y Villarroel, 2009), el cual debe ser único, lo que significa que existe un solo mecanismo de ingreso para todos los aspirantes en el ámbito nacional, independientemente de que los procesos puedan efectuarse en forma descentralizada. Debe ser oficial, organizado y regido por el Estado, quien es el encargado de garantizar el derecho constitucional descrito en el artículo 103. Debe recordarse que las instituciones universitarias constituyen parte del Estado, por lo que la instrumentación de los mecanismos que se decidan debe ser compartida entre los organismos del Poder Ejecutivo y las universidades.

El sistema debe tener carácter nacional, es decir abarca todo el territorio venezolano, sin  importar la división territorial existente. Debe incluir a toda la educación universitaria, oficial y privada, y a todas las instituciones, incluyendo las militares y policiales. Es obligatorio para todos los aspirantes, incluyendo a los llamados aspirantes especiales. Debe ser un sistema incluyente, al ser capaz de incorporar a todo aspirante que reúna los requisitos señalados en el artículo 103 antes mencionado. Para ello es imprescindible que el Gobierno incremente de manera importante la capacidad del sector universitario de recibir nuevos estudiantes, en un número que coloque en sintonía la oferta de nuevas plazas con la demanda de las mismas.

El nuevo sistema tiene que asegurar la calidad, pues eso ordena el artículo 103 de la Constitución. El aseguramiento de la calidad permite que los estudiantes que ingresen sean de calidad y, por lo tanto, tengan asegurada su prosecución exitosa. Por otra parte, el sistema debe garantizar que el ingreso de un mayor número de estudiantes no signifique un menoscabo de la calidad de la educación que se imparte, pues la Constitución no establece la existencia de diferentes tipos de estudiantes venezolanos, que permita tratar a unos con calidad y a otros sin la misma. El proceso debe ser completamente transparente, es decir cristalino, con reglas muy claras y procedimientos perfectamente conocidos con suficiente anticipación por aspirantes y familiares, instituciones universitarias y de educación media. Debe ser auditable en todas sus fases, de manera que se conozcan sus fortalezas y debilidades, así como detectar posibles desviaciones que conspiren contra su credibilidad.   

PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN

La experiencia acumulada durante todos estos años de vigencia de la actual Ley de Universidades nos señala que no todos los docentes están realmente interesados en hacer carrera académica en la universidad, razón por la cual muchos incumplen con sus ascensos a pesar de ser profesionales de gran calidad y muy exitosos en su campo en otros sectores de la vida nacional. Esta situación se aprecia con mayor claridad en las escuelas de formación profesional, donde existe el libre ejercicio de la profesión y la posibilidad de contratar con muchos prestadores de servicios. Médicos, abogados, ingenieros, odontólogos, arquitectos, administradores, contadores, periodistas, psicólogos, bioanalistas, son ejemplos de profesiones en las que es posible hacer carrera en empresas estatales y privadas o simplemente en el ejercicio profesional individual.

Otra verdad es que las instituciones universitarias no realizan investigación científica en todas las áreas de su actividad docente, ni todos los profesores se requieren a dedicación exclusiva en todas las carreras y programas que se desarrollan. Esto limita las posibilidades de realizar investigación de manera consuetudinaria a sólo una parte de los docentes universitarios: aquéllos que están a dedicación exclusiva. Son ellos quienes pueden formarse como investigadores, pues disponen del tiempo institucional para hacerlo a diferencia de los docentes a tiempo parcial, quienes tienen otras obligaciones con otros empleadores o en su trabajo privado. Son ellos también quienes luego dispondrán de tiempo para la realización de labores de investigación, pues están permanentemente en la institución. Estas experiencias deberían reflejarse en la próxima legislación, a objeto de adaptarla a las necesidades, posibilidades y prácticas reales de las instituciones. Una proposición que surge de la práctica de años es la de dividir a los docentes universitarios y los de los politécnicos y pedagógicos en dos categorías: el personal académico y los profesionales docentes (Fuenmayor, 1996a).

Personal Académico

Son los profesores que se desempeñan a dedicación exclusiva y constituyen el personal de planta de las instituciones, responsable del permanente funcionamiento de las mismas, obligados a realizar todas las labores académicas y dentro de éstas la de investigación, para lo cual deben haber sido formados o formarse. Están también obligados a seguir la carrera académica institucional o carrera del investigador, que establezca la legislación universitaria futura (Fuenmayor, 1996a).

Su ingreso debe ser por concurso de oposición público ante jurado calificado, cuyos miembros deben estar por lo menos en el tercer nivel del escalafón, si se trata del ingreso como instructor, o en el nivel inmediato superior al que aspira el concursante. El instructor se considerará personal en formación como investigador y aspirante, por lo tanto, a ser personal académico. Este personal tiene la obligación de ascender en el escalafón, por lo menos hasta el penúltimo nivel del mismo, tiene el derecho y el deber de integrar mayoritariamente los jurados de los concursos, de los ascensos y de las tesis de maestrías y doctorados. Son también quienes pueden ser electos como autoridades en los distintos organismos de cogobierno universitario y quienes pueden ser designados para el desempeño de cargos académico-administrativos o como miembros de la Comisión Electoral.

Deben establecerse requisitos mínimos de permanencia en el escalafón y requisitos para el ascenso, de manera de terminar con la estabilidad absoluta actualmente existente de los profesores, la cual conspira contra la calidad de los docentes-investigadores, pues en muchas instituciones basta con realizar un mínimo esfuerzo, generalmente sólo en el campo de la docencia de pregrado, para pasarse la vida como «profesor universitario». El personal académico no debería ser menor del 70 por ciento del total de docentes de las universidades y debería estar repartido homogéneamente entre todos los programas dictados por la universidad. Podrían establecerse diferencias en esta proporción de acuerdo al tipo de carreras dictadas, con una proporción mayor de personal académico en las facultades de ciencias y humanidades, es decir en aquellas carreras y programas no profesionales.

En las instituciones superiores privadas se debería obligar a tener por lo menos un 20 por ciento de su planta docente, no directiva, a dedicación exclusiva y homogéneamente repartida entre todos sus programas académicos. Estos docentes-investigadores estarían adscritos, según su especialidad, a grupos o unidades de investigación de instituciones públicas, donde realizarían obligatoriamente labores de investigación durante un día completo de cada semana, lo que redundaría en beneficio del docente, de la enseñanza que imparte y de su institución de origen. La unidad o grupo receptor se beneficiaría al disponer en su trabajo investigativo de un personal con potencialidades para desempeñarse como investigador. Este tiempo le sería contado dentro de su contratación por la institución privada correspondiente.

Profesionales docentes

Se trata de profesionales muy bien formados, con suficientes conocimientos y experiencia de varios años, cuya transmisión a los estudiantes es en algunos casos fundamental. Su carrera profesional no se realiza en el sector universitario sino en otros sectores oficiales o privados, pero que se requieren como docentes para completar la formación profesional de estudiantes de pre y postgrado, principalmente en aquellas carreras para el ejercicio profesional liberal. Son los médicos adscritos al sistema nacional de salud, cuya carrera es asistencial hospitalaria o ambulatoria; son los abogados que están en la carrera judicial o los arquitectos e ingenieros que siguen su carrera profesional en empresas u organismos del Estado.

Serían contratados a tiempo convencional sólo para la realización de docencia de pregrado y de postgrado, por un máximo de 10 horas semanales, a través de concursos de credenciales y no tendrían obligación de realizar otro tipo de labores universitarias. No participan en la elección de las autoridades ejecutivas de la universidad, ni votan para la constitución de los cuerpos colegiados, aunque pueden tener su representación en estos organismos de cogobierno. De tener buen desempeño, su presencia en la institución puede hacerse permanente, por lo que serían clasificados de acuerdo a los años de servicio prestados a la institución y pudieran ser promovidos de categoría cada cierto período, lo que arrastraría un ajuste en los sueldos recibidos. 

CARRERA ACADÉMICA

La crisis económica venezolana, que se expresó en todas sus dimensiones a partir del 18 de febrero de 1983, produjo un deterioro acentuado de las remuneraciones de los docentes universitarios y de la educación en general, que llevó a una disminución importante de sus niveles de vida y a la ocurrencia de movilizaciones y luchas por incrementos salariales en la segunda mitad de la década de los ochenta. El instrumento jurídico utilizado para respaldar la legalidad de los planteamientos profesorales fueron las llamadas «Normas de Homologación de Sueldos y Beneficios Adicionales», que inicialmente fueron impugnadas por los docentes universitarios ante los tribunales de la República, por considerarlas violatorias de la autonomía universitaria.

Perdidos los juicios legales, los profesores asumieron la aplicación de las Normas de Homologación como una forma de compensar la devaluación del salario, pues las mismas ordenan ajustar los sueldos de los docentes-investigadores universitarios, tomando como criterio el incremento del costo de la vida según el Banco Central de Venezuela en los dos años inmediatos anteriores a la producción del incremento.  Esto permitió, por lo menos hasta el primer quinquenio de la administración del presidente Chávez, compensar parcialmente el deterioro de los sueldos de los profesores universitarios producidos por la inflación y la devaluación monetaria y reducir sus nefastas consecuencias. En la actualidad, las remuneraciones de los docentes universitarios son muy bajas, situación que conspira gravemente contra la academia, pues los profesionales capaces egresados del sector no se presentan en los concursos abiertos por las instituciones. Éste es uno de los elementos que se confabula contra la posibilidad de formar la generación de relevo de profesores investigadores. 

La homologación salarial, sin embargo, no fue acompañada de una homologación académica, por lo que si bien los sueldos para un mismo nivel y dedicación de un profesor eran similares en las distintas universidades del país, los requisitos de formación, preparación y desempeño académicos no eran similares ni para el ingreso ni para el ascenso en el escalafón académico universitario. A pesar de ser éste un hecho claro, ha sido imposible corregirlo pues las universidades gozan de autonomía en la administración académica de su personal, lo que significa que la homologación salarial ha devenido en una injusticia que iguala salarialmente lo que es diferente académicamente. Esta situación y los bajos salarios han concurrido como elementos importantes en la baja estima que la carrera de los profesores-investigadores tiene dentro de los profesionales, cuestión que compromete seriamente el desarrollo de la academia universitaria y, junto con  otras medidas tomadas recientemente por el gobierno, amenaza seriamente con acabar con la universidad venezolana.

Hace falta, por lo tanto, la creación de un sistema nacional de carrera académica[6], que brinde a los profesores universitarios del sector oficial remuneraciones e incentivos acordes con su preparación, nivel y desempeño académicos. Se trata ahora de homologar académicamente al profesor universitario, para hacer equivalentes los niveles del escalafón dentro de las distintas universidades públicas. Se quiere también distinguir a quienes tienen un desempeño particularmente bueno o incluso excepcional, por la vía de otorgar remuneraciones diferenciadas que respondan a una mayor productividad e importancia de las contribuciones del personal. Con esto se pretende estimular el desempeño académico del docente, que si lo examinamos a través de las estadísticas actuales no parece ser muy bueno. Así, para comienzos del milenio solamente el 5,6 por ciento de los profesores activos a dedicación exclusiva y tiempo completo había obtenido el grado de doctor.

Instrumentar la carrera académica nacional constituirá un elemento vital en la tarea de elevar la calidad de nuestra educación universitaria y nos colocaría en mejores condiciones para enfrentar el reto de mejorar el nivel educativo de la población venezolana. Sin el cumplimiento de este requisito de formación y preparación de la población venezolana es imposible pensar en independencia y soberanía nacionales; serían palabras sin contenido ninguno y se caería en la demagogia más perjudicial si continuáramos engañando al pueblo con la utilizando de estas quimeras sin posibilidades reales de alcanzarlas.

Criterios para su instrumentación

El programa tendrá carácter nacional, lo que significa que se aplicará en todas las instituciones oficiales y estará, inicialmente, fuera de la administración de las universidades. Será dirigido solamente al personal académico universitario y no a los profesionales docentes y se aplicará, al principio, sólo a los profesores activos. Quienes aspiren a ser acreditados en el programa deberán demostrar la realización permanente de actividades docentes y los resultados de la actividad de investigación o teorización que realizan.

El nivel que se asigne al docente-investigador en la carrera académica no afectará, inicialmente, la posición que tenga en el escalafón en su universidad, pero el profesor recibirá la diferencia, a su favor, entre las remuneraciones establecidas, si fuera el caso. Esta diferencia de retribuciones, producto de que las remuneraciones asignadas a los niveles de la carrera académica nacional estarían por encima de las establecidas para niveles equivalentes del escalafón universitario, sería considerada como sueldo mientras el profesor la siga percibiendo, por lo que tendría impacto en las prestaciones sociales del académico, los intereses sobre las prestaciones y en su pensión de jubilación.

En la carrera académica se ingresa, se permanece, se asciende, se egresa y se reingresa. Esto significa que las posiciones logradas no lo son de por vida, a menos que el esfuerzo académico se siga realizando y el profesor continúe cumpliendo con los requisitos de permanencia en un nivel y de ascenso al nivel inmediatamente superior. Para ingresar al sistema de carrera académica, el docente debería haber ingresado en el personal académico universitario por concurso de oposición público, realizado ante un jurado calificado, o a través de un mecanismo de evaluación perfectamente establecido. La ubicación debería responder al tiempo como personal académico, a los grados obtenidos en estudios de postgrado y a la productividad demostrada en trabajos de investigación publicados, formación de investigadores, calidad de sus actividades docentes e importancia de sus trabajos extensionistas para la institución, para las comunidades, para los sectores económicos o de servicios y para el país.

La carrera académica deberá establecer requisitos de permanencia para cada categoría del escalafón universitario, lapsos mínimos y máximos para la prosecución a la categoría siguiente, requisitos necesarios para tener derecho al ascenso y el cumplimiento de las obligaciones del acto mismo del ascenso. Ningún docente podrá permanecer más del doble del tiempo mínimo para el ascenso en una misma categoría, pues esta situación conllevaría a su salida de la carrera académica por un período similar al cubierto en la última categoría obtenida. Se exceptuaría de esta disposición a la penúltima categoría del escalafón, en la que se podrá permanecer indefinidamente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de permanencia en ésta. A la categoría más elevada del escalafón sólo podrán ascender los académicos con líneas de investigación precisas, con trabajos publicados de carácter excepcional, líderes de un grupo de investigación y con escuela formada. Para permanecer en este exigente nivel y no regresar al nivel anterior, se deberá mantener una productividad científico-académica muy elevada, tanto en lo que respecta a la producción de conocimientos como en la formación de especialistas e investigadores. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación externa obligatoria, efectuada por los organismos gubernamentales calificados para ello, con el propósito de garantizar la existencia de patrones mínimos de calidad para la creación de programas académicos o para que los mismos continúen funcionando, debe ser incorporada en los textos legales futuros del sector universitario y de la educación superior en general. Esta evaluación tiene por objeto comparar y ajustar el ser y el quehacer de las instituciones educativas superiores con su deber ser (OPSU, 2001), de manera de garantizar una educación y funcionamiento de calidad en todos los aspectos del funcionamiento de las instituciones: académicos, organizativos, administrativos y financieros.

Mientras la evaluación institucional tendría un carácter obligatorio, la acreditación tendría carácter voluntario y estaría reservada para todos aquellos programas académicos, cuya calidad estuviera por encima de las condiciones mínimas aceptables determinadas por el proceso de evaluación ya señalado. La acreditación estaría entonces midiendo los esfuerzos institucionales para lograr la excelencia.

Dentro de este proceso se incluye la necesidad de disponer de un sistema de asignación y distribución presupuestaria técnicamente elaborado, que dé respuesta a una exigencia de los universitarios que data desde hace 4 décadas: el presupuesto justo (Fuenmayor, 1995). Darle contenido a esta exigencia, que simplemente significa la asignación de unos recursos que permitan el cumplimiento de las actividades universitarias en forma cabal, según el tipo de las actividades académicas que realice, con relación al número de estudiantes de pre y postgrado, con el número de profesores estrictamente necesario en función de los requerimientos académicos, sin despilfarro, con una burocracia de apoyo ajustada realmente a las necesidades institucionales, con un manejo austero de los recursos pero sin insuficiencias que comprometan la calidad de las actividades.

Se deben incorporar indicadores de gestión que permitan la asignación y distribución objetiva de los recursos[7] y así debe ordenarlo la nueva legislación, con lo cual no sólo se cumple con los postulados anteriores sino se garantiza la equidad en la asignación y distribución entre las distintas universidades. La legislación también debe incorporar la utilización de indicadores de desempeño, como un medio de estimular el mejoramiento continuo de la calidad en función de lograr la excelencia en aquellas instituciones que así lo decidan y se esfuercen, además, en el sentido de utilizar más eficientemente sus recursos financieros y su talento humano.

Si a lo anterior se agrega el otorgamiento y desarrollo de zonas rentales a todas las instituciones, la creación del Fondo de Financiamiento de las mismas y las contrataciones con el Estado para proveerlo de bienes y servicios (Fuenmayor, 1995) se habría resuelto el problema del financiamiento de toda la educación superior venezolana. Al tocar el caso de los ingresos propios debe quedar claro que se trata de un derecho de estas instituciones pero no de una obligación, que pudiera interferir perversamente en el óptimo desempeño de las actividades esenciales de las universidades. No se puede presionar indebidamente a los investigadores universitarios para su transformación en «empresarios».

ASPECTOS NOVEDOSOS

Voy a tratar de resumir algunas modificaciones y adiciones con relación a la actual Ley de Universidades, que la práctica de años ha dejado claro que deben ser instrumentadas prontamente.

  • La figura del Vicerrector Administrativo[8] debe desaparecer y ser substituida por un Director General de Administración, quien sería designado por el Rector, de quien dependería directamente. Debemos recordar que el cuentadante es el Rector y por lo tanto responsable ante las leyes de la administración de la institución, razón por la cual si el Vicerrector Administrativo no es de su confianza simplemente lo aparta y asume el control administrativo de la institución, a través de directores designados directamente por él. Hay que recordar también que esta figura fue creada por la Ley reformada de 1970, la cual además obligó a la elección individual de las autoridades rectorales, lo que hizo posible, como en efecto ha ocurrido varias veces, que el rector fuera de una tendencia política o ideológica y el vicerrector administrativo de  otra opuesta a la del rector.
  • La elección de las autoridades universitarias, el tren ejecutivo de las instituciones, debe ser por planchas y no nominal[9], pues se requiere elegir un equipo coherente, unido, sólido, que dirija la institución con el menor número de contradicciones. Otra posibilidad es que se elija únicamente el Rector y éste designe posteriormente su equipo de trabajo, el cual podría ser removido si no llegara a funcionar adecuadamente. Podría extenderse a 5 años el período rectoral y a 4 el de los decanos y equivalentes. Los directores, coordinadores y similares durarían tres años en sus funciones y podrían ser extendidos sus períodos hasta por uno o dos años más, como máximo, según acompañen a la gestión rectoral o a la de nivel de decanal respectivamente.
  • El voto de los estudiantes debe ser directo como ya se ha hecho en la mayoría de las instituciones y sólo deben votar los estudiantes regulares. Su peso debe seguir siendo equivalente al 25 por ciento de los votos del personal académico o ajustarse al 30 por ciento si la abstención estudiantil en la particular elección fuera menor que la profesoral. La participación en los organismos del cogobierno universitario estará restringida a los cursantes del último bienio. No podrán ser representantes estudiantiles quienes sean al mismo tiempo empleados u obreros universitarios, pues dejan de representar a los estudiantes para representar al sector laboral al que pertenezcan, por una parte, y por la otra porque sus posiciones y decisiones pueden ser perversamente controladas por sus jefes académicos y administrativos en facultades o similares. Participarán en la elección de autoridades universitarias, de decanos o similares, de sus representantes en los consejos Universitario y Contralor y de los profesores integrantes de los consejos Disciplinario y de Apelaciones, en este último caso sólo votarían los estudiantes del último año de las carreras de nivel de licenciatura.
  • Los estudiantes de los postgrados académicos, siempre que estén a dedicación exclusiva en sus estudios, deben tener derecho al voto para elegir sus representantes en los consejos universitario y en el Consejo Contralor, para la elección de autoridades académico-administrativas del nivel central y de las facultades o dependencias similares y para la elección de los profesores de los consejos Disciplinario y de Apelaciones, en este último caso sólo votarán los estudiantes del último año de maestría y doctorado. Su número se sumará al de los estudiantes de pregrado en la integración de la parte estudiantil del claustro.
  • Debe instaurarse, sin excepción ninguna, el requisito de ser doctor y profesor asociado o titular, para poder ser autoridad universitaria y decano de facultad o equivalente. Se debería tener, además, una antigüedad de por lo menos 15 años para ocupar estas posiciones. Para la representación profesoral o integración por profesores de los consejos se debe poseer el escalafón de Profesor Agregado y 10 años de antigüedad, por lo menos, con excepción de los integrantes del Consejo de Apelaciones, quienes deberían ser profesores titulares, doctores y tener más de 20 años de antigüedad en la institución. La representación de los estudiantes de pregrado siempre será de alumnos regulares del último bienio de la carrera del nivel de licenciatura; en programas que se cursen por unidades crédito, los representantes deberán haber aprobado todos los créditos obligatorios de los primeros seis semestres, si la licenciatura dura 10 semestres, o de 4 semestres, si la licenciatura dura 8 semestres, como se está proponiendo. La de los estudiantes de postgrado siempre será de estudiantes de doctorado. La de los profesionales docentes será la de uno de los miembros de este sector, al igual que los instructores serán representados por un instructor que tenga por lo menos seis meses de trabajo universitario.
  • Debe reducirse en forma importante el peso del voto de los profesores jubilados (Fuenmayor, 1996b, 1998) a un valor de no mayor del 15 por ciento del número de profesores (personal académico) activos. La práctica de años le ha demostrado a los universitarios que el pasado, representado por los jubilados, no puede determinar el futuro institucional. Los jubilados, que ya en muchas instituciones son tan o más numerosos que los profesores activos, asisten a votar teniendo en mente la universidad que dejaron años atrás, con su correlación anterior de fuerzas, sus grupos políticos o de opinión, sus viejas necesidades y los problemas de entonces, todo lo cual ha cambiado y puede incluso haber desaparecido totalmente. En muchas ocasiones acuden al proceso asistidos por alguno de los candidatos, quienes los dirigen y prácticamente deciden por ellos, sin importarles la imagen de irrespeto hacia la dignidad del anciano profesor.
  • Lo señalado anteriormente no significa en cambio que un profesor jubilado perteneciente al personal académico no pueda desempeñarse, si es electo, como autoridad universitaria, ya que ésta sería una decisión del claustro universitario y no personal del interesado. Podrían darse las circunstancias de necesitarse al frente de la institución o de uno de sus programas a una figura de determinadas características, que se encuentre en condición de jubilado. La misma tendría derecho a ser elegible, aunque no sea un elector completo pues su voto no sería igual al del personal activo.
  • Los instructores deben votar para elegir sus representantes en aquellos órganos del cogobierno integrados con representatividad de los distintos sectores de la comunidad académica. No deben votar para elegir autoridades universitarias ni decanos o equivalentes.
  • Los profesores contratados y los auxiliares docentes deben seguir sin derecho a voto, ya que se trata de personal transitorio, de nivel académico menor, como es el caso de los auxiliares docentes y de una minoría en relación con el resto del personal docente: personal académico y profesionales docentes. Otro elemento a ser considerado con relación a su participación electoral es lo presionable de ambos sectores dada su inestabilidad laboral.
  • El claustro universitario debe ser redefinido de acuerdo a la nueva composición de la planta docente y debe agregársele atribuciones adicionales a la elección de las autoridades universitarias. En su composición participaría el personal académico, tal y como ya fue caracterizado anteriormente, los estudiantes de pregrado y aquéllos de los postgrados que se realicen a dedicación completa, todos ellos con un peso equivalente al del 25 ó 30 por ciento del personal académico activo. Los jubilados del personal académico seguirían en el claustro pero sus votos equivaldrían a sólo un 15 por ciento del número de votos de los profesores activos (personal académico).
  • Con relación a los egresados, mantener su participación en el claustro no tiene ningún sentido, pues la experiencia de todos estos más de 50 años no demostró nada notorio o importante de esta presencia en el claustro o de su participación en los cuerpos colegiados de gobierno universitario. La representación de este sector en los organismos de cogobierno se dedicó más a obtener prebendas en función personal o de pequeños grupos, que a representar al sector de los egresados e integrarlos y comprometerlos con la institución que los formó al más alto nivel.

Con relación a sus atribuciones, el claustro debería ser el órgano de consulta sobre la revocatoria del mandato de las autoridades universitarias, mediante referéndum revocatorio, una vez cumplidos los extremos que imponga la Ley. A este organismo deberían ser sometidos aquellos asuntos que, por su trascendencia, no puedan dejarse en los organismos ordinarios de dirección o aquellas materias que hayan generado contradicciones insuperables entre grupos o sectores importantes de la comunidad, a través de referendos consultivos.

  • Alargados los períodos gubernamentales universitarios no se justifica la reelección de ningún nivel de autoridades, ni universitarias ni de otros niveles, en el período gubernamental inmediato siguiente. El impedimento de la reelección debe ser también para los cargos de autoridades designadas por el Ejecutivo, pero, en el caso de una universidad nueva, se podría aplicar después que la institución cumpla sus primeros 8 años. Estos impedimentos deben entenderse para el desempeño del mismo cargo o para otro cargo de mayor o menor jerarquía. Esta norma obligaría a quien es nombrado o elegido, a ocuparse prioritariamente de cumplir sus obligaciones y funciones, sin mediatizarse ni mediatizar el cargo en función de una reelección en el mismo u otro cargo de autoridad.
  • Debe reducirse el costo burocrático gubernamental en las universidades y en las otras instituciones de educación superior. La práctica puntofijista fue la de hacer más costoso el gobierno universitario, tanto incrementando innecesariamente el número de cargos de autoridades como elevando también innecesariamente la jerarquía de los cargos, de manera de disponer de una mayor y mejor oferta de puestos académico-administrativos para ser distribuidos entre la dirigencia partidista siempre dispuesta «sacrificarse» por el país.

En estos momentos se trata de utilizar mucho más eficientemente los recursos, mediante una drástica reducción del número de los cargos de gobierno y de la jerarquía de los mismos. Es inaceptable, por ejemplo, que los núcleos de la Universidad de Oriente sean decanatos mientras que los de la Universidad Ezequiel Zamora sean vicerrectorados, cuando estos últimos son muchísimo más pequeños, con menor número de estudiantes y profesores y menos trabajadores que los primeros. Algo similar ocurrió con los institutos politécnicos que pasaron a constituir la Universidad Experimental Politécnica.

He presentado algunas ideas para una nueva Ley de Universidades, las cuales son producto de años de experiencia, estudio y reflexión sobre la situación universitaria venezolana, que he tenido la ocasión de palpar desde muy diversas posiciones: desde la perspectiva del estudiante ucevista, del dirigente estudiantil combativo y revolucionario, del profesor joven a dedicación exclusiva, que se esfuerza por ser un buen docente y formarse como investigador; del estudiante de postgrado en una universidad de primera en el mundo desarrollado, del profesor investigador ya formado, del Director de Escuela reconocido por la eficiencia de su trabajo, del dirigente gremial exitoso y además gerente de previsión social de los profesores, momento en que comencé una reflexión seria y científicamente cimentada sobre la universidad venezolana (Fuenmayor, 1986a,b); del representante de los profesores en el Consejo Universitario, del Rector de la primera casa de estudios del país y desde la perspectiva de un gobierno transformador, caso del gobierno del presidente Chávez en el sector universitario entre 1999 y 2004 (García Guadilla, 2004; García Guadilla et al, 2006, 2008). No se trata entonces de prejuicios, ni de recetas de otros lugares, ni de ideologizaciones, sino del resultado de una intensa práctica social y política y un profundo estudio e investigación.

Como investigador científico sé perfectamente que el último paso del proceso de conocer y producir conocimientos es someter nuestras hipótesis a la crítica de nuestros pares. De eso se trata en esta materia también. También opino, desde que me convenció de ello Juan de Jesús Montilla, que un investigador llega a lo más elevado de su carrera cuando está en condiciones de hacerle propuestas a su país en su campo de trabajo. Aquí está más que un resumen de las ideas con sus explicaciones. Hay una bibliografía más extensa aún que puede ser consultada de inmediato. Apreciaría un análisis objetivo, centrado en el contenido de lo escrito y no en las supuestas intenciones que pueda haber detrás del mismo. Bienvenidas otras proposiciones, siempre que sean respaldadas y tratadas con la misma seriedad con la que nosotros lo hemos hecho y lo hemos venido haciendo sistemáticamente desde hace poco más de dos décadas.

 

REFERENCIAS[10]

 

Arcaya Arcaya, Camilo. Del petróleo y el gas, a la química orgánica industrial y a la producción de ciencia y tecnología. Grupo B4 editor, 31P, agosto 1993, Caracas.

Asamblea Nacional. “Ley Orgánica de Educación”. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.929, extraordinario, 15-08-2009, Caracas.

Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999. Sairam editores SRL, 365P, 2000, Lima.

Congreso Nacional. “Ley de Universidades”. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.429, extraordinario, 08-09-1970, Caracas.

Luis Fuenmayor Toro. «Hacia la definición de una política universitaria» (editorial) Gaceta apucv/ipp, año 7, Nº 47, pp 1-2, junio 1986a, Caracas.

Luis Fuenmayor T. «Conocer la universidad que tenemos. Una tarea de primer orden» (editorial) Gaceta apucv/ipp, año 7, Nº 48, pp 1, julio-agosto 1986b, Caracas.

Luis Fuenmayor Toro. «El desarrollo de postgrados nacionales y, aún mejor, latinoamericanos nos permitirá enfrentar los retos del futuro en la difícil coyuntura actual», Aula Magna, año 2, Nº 2 y 3, pp 44-48, mayo 1991, Caracas.

Luis Fuenmayor Toro. «Reflexiones sobre la autonomía y democracia universitarias», Cuadernos Nuevo Sur Sudaca, Nº 5, pp 43-49, abril-junio 1993, Caracas.

Luis Fuenmayor Toro. «El financiamiento universitario: antecedentes y propuestas», en: Luis Fuenmayor Toro, «Universidad, Poder y Cambio», capítulo 3, pp 55-73, FUNDAPRIU, FAPUV y Secretaría de la UCV, eds., abril 1995, Caracas.

 

 


[1] Actualmente se prefiere hablar de funciones o atribuciones en lugar de poderes.

[2]  Actualmente Ministerio de Educación Universitaria.

[3] Sus miembros serían electos pero no tendrían carácter representativo de sectores de la comunidad universitaria.

[4] En el trabajo inicial (2001) se utilizó el nombre de Consejo Disciplinario, pero como también se encargaría de procesar y decidir sobre los reclamos de los miembros de la comunidad contra decisiones de los organismos de gobierno académico, se recomienda la denominación actual.

[5] Tendría funciones de contraloría también sobre las decisiones académicas universitarias.

[6] El sistema de carrera académica fue diseñado totalmente por la Oficina de Planificación del Sector Universitario, Proyecto “Alma Mater”, en 2002-2003 y fue entregado al Ministerio de Educación Superior para su instrumentación, sin que éste lo hubiese siquiera publicado en la Gaceta Oficial. Debe reposar en algún escritorio del ministerio.

[7] Ya en 2002, 2003 y 2004, la OPSU ensayó un sistema para el otorgamiento del financiamiento presupuestario en algunas áreas, mediante la utilización de indicadores de desempeño.

[8]  Ésta figura fue creada por la Ley de Universidades reformada por el presidente Caldera en 1970; no existía anteriormente en las universidad venezolana. Su creación tuvo un carácter clientelar partidista.

[9]  La elección era por planchas en la Ley de Universidades antes de la reforma de 1970 efectuada por el presidente Caldera.

[10]  Las notas al pie de las páginas no están en la publicación original. Se incorporaron en este intento por actualizar  el contenido del trabajo que, como se ve, tiene 7 años de haber sido escrito.  

Vínculo: http://defrentecon.blogspot.com/

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