Con la exigencia del presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Oriente, Chaco y Amazonía (CIDOB), Adolfo Chávez, publicada en el periódico “Cambio”, de La Paz, el 15-05-12, de modificar el vital artículo 349 de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), cuyo texto dice: “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”, se cierra el circuito de sectores ciudadanos importantes que cuestionan el texto constitucional, aprobado el 25-01-09. Chávez considera que los recursos naturales deben ser de los pueblos indígenas y no del pueblo boliviano. La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, calificó la demanda de “inconstitucional, discriminatoria y atentatoria a todos los bolivianos”.